El Parlamento de Portugal ha aprobado una reforma clave para endurecer el acceso a la nacionalidad, una decisión que ha reactivado el debate sobre las políticas migratorias en Europa y ha puesto el foco en las diferencias con España. La medida, impulsada por el Gobierno de centroderecha con el respaldo de la ultraderecha, introduce restricciones significativas en la concesión y mantenimiento de la ciudadanía.
Cambios clave en la Ley de Nacionalidad
La reforma modifica de forma sustancial el modelo vigente hasta ahora. Entre los cambios más relevantes destaca la eliminación del acceso automático a la nacionalidad para hijos de inmigrantes nacidos en territorio portugués, un criterio que había facilitado la integración en años anteriores.
Asimismo, el nuevo texto contempla la posibilidad de retirar la ciudadanía en determinados casos, especialmente vinculados a delitos graves. Esta medida, sin embargo, solo se aplicará a personas con doble nacionalidad para evitar situaciones de apatridia, uno de los puntos más sensibles del debate jurídico.
Delitos y requisitos más estrictos
La normativa establece que la retirada de la nacionalidad podrá aplicarse a quienes hayan sido condenados a penas de prisión iguales o superiores a seis años por delitos graves cometidos durante los diez años posteriores a la obtención de la ciudadanía.
Entre estos delitos se incluyen el terrorismo, la criminalidad organizada, los delitos contra el Estado o la colaboración con redes de inmigración ilegal. Además, el umbral mínimo de condena que impide solicitar la nacionalidad también se ha endurecido, pasando de dos a cinco años de prisión.
Estas medidas responden a la voluntad del Ejecutivo portugués de reforzar los controles y garantizar que el acceso a la ciudadanía esté vinculado a criterios más exigentes.
