Leopoldo Puente, ha acordado solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender su inmunidad
Nuevo vuelco en el caso Koldo. El juez encargado del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido solicitar al Congreso de los Diputados el suplicatorio.
Algo necesario para suspender la inmunidad parlamentaria de José Luis Ábalos. Lo ha hecho porque considera que existen "suficientes indicios" para investigar su posible implicación en hasta cuatro delitos.
Los delitos en cuestión son: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
El juez concluye que ha llegado el momento de recabar la autorización del Congreso, conforme a lo establecido por la Constitución. Todo para poder continuar con el procedimiento judicial.
Esta solicitud se formalizará mediante una exposición razonada que será remitida al presidente de la Sala Penal del Supremo. Será este quien deberá decidir el siguiente paso a seguir.
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, Puente explica que ha tomado esta decisión después de interrogar a Ábalos. A su ex asesor ministerial, Koldo García, y al supuesto intermediario de la trama, el empresario Víctor de Aldama.
También se ha basado en la documentación proporcionada por los implicados. De la misma manera, en los resultados de las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios realizados por la Audiencia Nacional.
El juez considera que existen "elementos bastantes". A su juicio, considera que Ábalos, "prevaliéndose de su condición de ministro", "y a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo por ello para sí".
Los diputados y senadores españoles cuentan con una inviolabilidad por las opiniones que manifiesten. Dadas las funciones que llevan a cabo. Además, como se expone en el artículo 71 del título tercero de la Constitución, durante su mandato gozan de inmunidad.
Por lo que tanto diputados como senadores solo puedan ser detenidos en caso de cometer un delito de gravedad extrema. Y solo pueden ser inculpados y procesados con la autorización previa de la Cámara en la que ejerzan funciones.
Un suplicatorio es, por tanto, una petición de la autoridad judicial en el que se pide permiso al Parlamento para enjuiciar a un miembro.
Su objetivo, como explica el Reglamento interno del Parlamento Europeo, es “suspender la inmunidad de un diputado”.
En España, el Poder judicial debe solicitar un suplicatorio a las Cortes Generales. Para así proceder de forma penal contra alguno de los integrantes del Poder legislativo.
En este caso se trata de un suplicatorio en el Congreso de los diputados. El suplicatorio en el Congreso de los Diputados puede solicitarlo la autoridad judicial para procesar o inculpar a uno de sus miembros.
