La Policía estima que las familias dispararían hasta tres millones el impacto de la regularización de Pedro Sánchez
La Policía eleva a 3 millones de persoans regularizadas teniendo en cuenta sus familias
porJose Andres Jorge Barceló
politica
La Policía Nacional deberá emitir el correspondiente informe sobre cada peticionario y consultar sus bases de datos, pero la decisión final quedará en manos del departamento que dirige Elma Saiz
Compartir:
La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez podría terminar afectando a cerca de tres millones de inmigrantes cuando se incorporen las futuras reagrupaciones familiares. Esa es la estimación que manejan altos mandos de Extranjería ante un proceso que ha superado ampliamente todas las previsiones iniciales del Ejecutivo.
El cálculo policial parte del número de solicitudes presentadas. El Gobierno confirmó más de 1.170.000 peticiones, aunque los registros de la plataforma Mercurio llegaron a aproximarse a 1,4 millones. La cifra contrasta con los alrededor de 500.000 beneficiarios que el Ejecutivo calculó cuando comenzó a diseñar la medida.
La regularización de inmigrantes puede llegar a 3 millones según la Policía
Los responsables policiales consultados sostienen que el volumen final crecerá cuando quienes obtengan la residencia comiencen a solicitar la entrada legal de sus familiares. Según esta proyección, por cada extranjero regularizado podrían añadirse varias personas más, hasta situar el impacto global en el entorno de los tres millones. No se trata, sin embargo, de una cifra oficial de concesiones, sino de una previsión elaborada por mandos especializados en Extranjería.
La Policía queda relegada a emitir informes y documentar las tarjetas
El malestar dentro de las brigadas de Extranjería también apunta al modelo elegido para tramitar los expedientes. El decreto concede un papel central a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Esta unidad será la encargada de comprobar los requisitos y resolver las solicitudes. La Policía Nacional deberá emitir el correspondiente informe sobre cada peticionario y consultar sus bases de datos, pero la decisión final quedará en manos del departamento que dirige Elma Saiz. Posteriormente, los agentes tendrán que documentar mediante la tarjeta de identidad de extranjero las autorizaciones ya aprobadas.
Los mandos temen que la acumulación de expedientes debilite las comprobaciones y facilite intentos de fraude documental, especialmente en certificados de parentesco o antecedentes penales. El real decreto exige que los solicitantes carezcan de antecedentes y no representen una amenaza para el orden público. También establece que se consulten el Registro Central de Penados, las bases europeas y los informes policiales.
Elma Saiz ministra de Migraciones
Cuando el certificado del país de origen no llegue, la Administración deberá intentar obtenerlo por vía diplomática. Si transcurren los plazos establecidos y el interesado sigue sin aportarlo, se le tendrá por desistido de su solicitud.
La reagrupación familiar no será automática
La previsión de los tres millones depende de que una parte importante de los beneficiarios ejerza posteriormente su derecho a la reagrupación familiar. La normativa general exige que el extranjero haya residido legalmente en España durante al menos un año y haya solicitado autorización para permanecer otro más. También deberá acreditar recursos económicos suficientes y disponer de una vivienda adecuada.
Por tanto, la llegada de familiares no se producirá de manera inmediata tras la regularización, pero los mandos creen que la magnitud de las solicitudes puede generar una segunda oleada administrativa.
La Comisaría General de Extranjería ya había advertido en un informe firmado por Alfredo García Miravete de posibles “efectos negativos significativos”, entre ellos la saturación de las oficinas, la presión sobre los servicios públicos y las dificultades para absorber un proceso de estas dimensiones.
El Gobierno, por el contrario, defiende la regularización como una medida destinada a reconocer derechos, aflorar empleo sumergido y ofrecer seguridad jurídica a personas que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026. La batalla ahora no está solo en las cifras, sino en la capacidad real del Estado para comprobar más de un millón de expedientes sin rebajar los controles.
