La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, firmará la próxima semana las nuevas órdenes que actualizarán unas retribuciones que llevaban años sin revisarse
El Gobierno de Aragón ha decidido dar un impulso a la justicia gratuita con una reforma que supondrá una mejora económica para los profesionales del turno de oficio y una reorganización del sistema de guardias. La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, firmará la próxima semana las nuevas órdenes que actualizarán unas retribuciones que llevaban años sin revisarse y que, según el Ejecutivo autonómico, habían quedado desfasadas respecto al coste real del servicio.
La medida contempla un incremento medio del 35 % en los honorarios que perciben los abogados adscritos al turno de oficio, mientras que los procuradores verán aumentadas sus compensaciones en un 7 %. Con esta actualización, el Gobierno aragonés elevará la inversión destinada a la asistencia jurídica gratuita hasta superar los 7,1 millones de euros al año.
Desde el Ejecutivo consideran que la reforma responde a una reivindicación histórica de los colegios profesionales. Durante la presentación de las medidas, Mar Vaquero defendió que la continuidad del servicio pasa por garantizar unas condiciones económicas acordes con la responsabilidad que asumen quienes prestan asistencia jurídica a los ciudadanos sin recursos.
La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero
La vicepresidenta sostuvo que el turno de oficio representa uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, al asegurar que cualquier persona pueda acceder a la defensa jurídica con independencia de su situación económica. En este sentido, señaló que mantener un sistema sólido de justicia gratuita exige también ofrecer una remuneración suficiente a los profesionales encargados de hacerlo posible.
La reforma no se limita únicamente al apartado económico. Uno de los principales cambios afecta al funcionamiento de las guardias, un aspecto que había generado numerosas quejas entre los colegios de abogados debido a las diferencias existentes entre los distintos partidos judiciales de la comunidad.
El nuevo modelo establece una retribución diaria para todos los profesionales que realicen guardias en Aragón, con independencia del lugar donde desarrollen su actividad. A esa cantidad fija se añadirá un complemento variable que dependerá del número de asistencias realizadas durante cada jornada.
Con este sistema, el Gobierno autonómico pretende eliminar las diferencias que existían entre los partidos judiciales y equiparar las condiciones de trabajo en todo el territorio. Hasta ahora, en algunas zonas la compensación económica se calculaba sobre guardias semanales, una fórmula que, según los profesionales, no respondía a la carga real de trabajo.
La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero
Otra de las novedades será la separación de las guardias en los partidos judiciales de Boltaña y Barbastro. La unificación de ambos servicios había provocado dificultades organizativas debido a la extensión geográfica que debían cubrir los letrados. Con el nuevo modelo se busca mejorar la capacidad de respuesta y reducir los tiempos de atención a los ciudadanos.
Además, el Ejecutivo reforzará el turno general incorporando un abogado más en cada una de las tres provincias aragonesas. La medida permitirá aumentar la disponibilidad de profesionales y reforzar la cobertura del servicio en momentos de mayor actividad.
Las nuevas órdenes también contemplan mecanismos para responder a situaciones extraordinarias. Cuando se celebren grandes eventos o se produzcan circunstancias que generen un incremento excepcional de la demanda, los colegios de abogados podrán solicitar la incorporación temporal de más profesionales, siempre con la autorización de la Dirección General de Justicia.
El Gobierno de Aragón asegura que esta reforma ha sido elaborada de forma consensuada con los colegios profesionales y considera que permitirá adaptar el funcionamiento del turno de oficio a las necesidades actuales. El objetivo, según el Ejecutivo, es reforzar un servicio esencial para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y mejorar las condiciones de quienes lo hacen posible cada día
