Las autonomías se rebelan contra Mónica García por su versión sobre las guardias médicas
Las autonomías se rebelan contra Mónica García por su versión sobre las guardias médicas
porMacarena Martínez Guerrero-Laverat
politica
Madrid acusa a la ministra de tergiversar sus alegaciones, mientras varias regiones reclaman garantías técnicas, económicas y asistenciales antes de reformar el sistema
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Las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la reforma de las guardias médicas han provocado un fuerte malestar entre las comunidades autónomas. La responsable de Sanidad señaló a varias regiones gobernadas por el Partido Popular por haberse opuesto, supuestamente, a limitar las guardias a un máximo de 17 horas dentro del nuevo Estatuto Marco.
La interpretación difundida por el Ministerio no ha convencido a los gobiernos autonómicos. Tanto comunidades del PP como algunas dirigidas por el PSOE consideran que García ha reducido un debate técnico y complejo a una confrontación política, obviando las advertencias sobre la falta de personal, la continuidad de la atención sanitaria y el coste de modificar el actual modelo.
La Comunidad de Madrid ha sido la primera en responder oficialmente por escrito. El Ejecutivo regional sostiene que Sanidad ha «tergiversado» el contenido de sus alegaciones y recalca que no rechaza avanzar hacia un sistema sin guardias obligatorias. Su posición, asegura, consiste en exigir que cualquier cambio se realice con planificación, voluntariedad y garantías para médicos y pacientes.
Las autonomías se rebelan contra Mónica García por su versión sobre las guardias médicas
Madrid defiende un cambio gradual y voluntario
El Gobierno madrileño ha enviado al Ministerio un informe complementario para aclarar su postura. En él confirma su apoyo a una transformación del modelo organizativo que permita acabar con la obligatoriedad de las guardias de 24 horas, pero advierte de que no puede implantarse sin estudiar previamente sus consecuencias.
Madrid reclama un análisis técnico, jurídico y económico que determine cómo afectaría la reforma a hospitales, plantillas y servicios de urgencias. Las comunidades llevan meses solicitando esa documentación al Ministerio, al considerar que reducir la duración de las guardias obliga a incorporar más profesionales y reorganizar turnos para mantener la asistencia.
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso recuerda, además, que trabaja desde febrero con médicos de diferentes especialidades y centros hospitalarios para estudiar alternativas. La intención es modernizar el sistema sin imponer una reforma que pueda generar problemas organizativos o trasladar una mayor carga de trabajo a otras franjas horarias.
La Comunidad también plantea que los facultativos que quieran continuar realizando guardias de 24 horas puedan hacerlo libremente. Rechaza que esa posibilidad dependa exclusivamente de informes de los servicios de prevención, porque entiende que esa fórmula podría terminar limitando la capacidad de elección de los profesionales.
Las autonomías se rebelan contra Mónica García por su versión sobre las guardias médicas
Rechazo al pleno extraordinario por correo electrónico
El malestar se extiende más allá de Madrid. Fuentes autonómicas sostienen que varias regiones, incluidas algunas gobernadas por el PSOE, comparten la sensación de que Mónica García ha simplificado sus alegaciones para responsabilizarlas del bloqueo de una medida presentada como beneficiosa para los médicos.
Las autonomías defienden que no cuestionan la necesidad de mejorar las condiciones laborales, pero reclaman saber cuántos profesionales serían necesarios, cómo se financiaría la reorganización y qué efectos tendría sobre la atención sanitaria. Sin esas respuestas, consideran arriesgado fijar límites generales sin tener en cuenta las necesidades de cada hospital y especialidad.
La tensión ha aumentado por la decisión de Sanidad de convocar un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial mediante correo electrónico. Las comunidades tienen hasta las 14.00 horas del jueves para pronunciarse sobre el Estatuto Marco, sin una reunión presencial o telemática en la que puedan debatir sus posiciones.
Este procedimiento excepcional, utilizado durante la pandemia, ha sido interpretado por varios gobiernos autonómicos como un intento de acelerar la tramitación y evitar una discusión abierta. Las regiones exigen que una reforma de esta dimensión se negocie con tiempo, recursos suficientes y la participación real de quienes deberán aplicarla.
