Europa Press La polémica contratación de Jésica salpica a ADIF y refuerza el escándalo Koldo
El foco se estrecha sobre el círculo de Ábalos, mientras las contradicciones entre Tragsatec y ADIF alimentan las sospechas
Los informes sobre Jésica Rodríguez, en manos del Supremo, apuntan a carencias de autonomía y necesidad frecuente de supervisión laboral.
El anexo 4 publicados por varios medios del expediente detalla que, aunque puede controlar sus emociones, en situaciones extremas podría requerir ayuda externa.
También subraya que Jésica muestra cierta responsabilidad laboral, pero que necesita empuje para asumir tareas de mayor complejidad.
La joven comunicó a Koldo García que debía dejar Ineco, y su paso por Tragsatec facilitaba su posterior reingreso | Europa Press
Los calificadores señalan que la joven es capaz de acabar una tarea con éxito, aunque bajo condiciones no muy exigentes ni de alta presión.
Advierten, sin embargo, que podría cometer errores en funciones exigentes si no cuenta con apoyo o vigilancia constante.
Su contratación por Tragsatec, entre marzo y septiembre de 2021, ha sido cuestionada por la falta de control en su desempeño.
Antes había trabajado en Ineco, empresa pública donde gestionaba agendas y documentación como auxiliar administrativa.
La joven comunicó a Koldo García que debía dejar Ineco, y su paso por Tragsatec facilitaba su posterior reingreso a la empresa.
Durante su estancia en Tragsatec, Rodríguez estuvo adscrita directamente a la presidencia de ADIF, bajo Isabel Pardo de Vera.
El juez Leopoldo Puente investiga ahora si su contrato fue una pantalla para mantenerla en nómina sin trabajar.
Los documentos enviados al Supremo revelan que no fichaba en Tragsatec, aunque decían desde ADIF que estaba “trabajando”.
El foco se estrecha sobre el círculo de Ábalos | Europa Press
El magistrado ha pedido a Ineco más detalles sobre su contratación, tras confesar ella misma que cobraba sin acudir a su puesto.
La declaración de Jésica Rodríguez, que admitió cobrar sin trabajar, detonó una investigación judicial de mayor alcance.
Tragsatec mantiene abierta su propia investigación interna y ya ha habido consecuencias visibles en la estructura del grupo.
La primera víctima ha sido Caridad Martín Palacios, gerente de Desarrollo Rural de Tragsa, destituida tras la polémica. Juan Pablo González Mata, director de Tragsatec, defendió ante el Senado que se cumplió la legalidad en la contratación.
Reconoció, no obstante, que la joven jamás registró su asistencia, descargando la culpa en ADIF por validar su presencia. Mientras tanto, el caso se suma a las piezas del escándalo Koldo, que ya afecta a altos cargos y múltiples entes públicos.
Todo apunta a un modelo de contratación irregular amparado por conexiones políticas y favores cruzados en empresas públicas.
El foco se estrecha sobre el círculo de Ábalos, mientras las contradicciones entre Tragsatec y ADIF alimentan las sospechas.
Desde el PP exigen dimisiones, transparencia y que se depuren responsabilidades tras estas nuevas revelaciones judiciales.
La sombra del caso Koldo sigue creciendo y arrastrando consigo a antiguos responsables del Gobierno de Pedro Sánchez. Cada nueva declaración y documento refuerza la tesis de que no se trató de un caso aislado, sino de un sistema organizado.
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