La situación judicial de Begoña Gómez podría experimentar un cambio importante si la esposa de Pedro Sánchez consiguiera un escaño en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Su incorporación al Congreso de los Diputados supondría la adquisición de la condición de aforada, lo que podría trasladar al Tribunal Supremo la causa penal que actualmente afronta.
Según informa El Debate, este escenario cobra relevancia después de que hayan surgido informaciones sobre una posible incorporación de Gómez a las candidaturas socialistas. Aunque el PSOE ha negado que exista ese planteamiento, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha evitado descartarlo expresamente.
La polémica aparece en un momento especialmente significativo. El juez Juan Carlos Peinado acordó enviar a juicio a la esposa del presidente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación apenas dos semanas antes de que Sánchez anunciara el adelanto electoral.
El juez Juan Carlos Peinado acordó enviar a juicio a la esposa del presidente
El PSOE desmiente la información, pero Saiz evita pronunciarse
La posibilidad de que Begoña Gómez participe en las elecciones comenzó a circular después de que Vozpópuli publicara el jueves 8 de octubre que Pedro Sánchez estaría valorando incluirla en las listas del Partido Socialista.
La reacción de Ferraz fue negar la información. Fuentes del PSOE trasladaron a Europa Press que se trataba de un «bulo».
Sin embargo, la respuesta de Elma Saiz durante una entrevista en Radio Nacional de España fue diferente. Preguntada por la eventual candidatura de la mujer del presidente, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguró que no le correspondía confirmar ni desmentir esa posibilidad.
La portavoz del Ejecutivo también evitó aclarar si ella misma concurrirá a los comicios. Según explicó, la dirección socialista continúa trabajando en la configuración de las candidaturas y todavía no conoce su composición definitiva.
El precedente que podría llevar el caso al Supremo
La eventual elección de Begoña Gómez como diputada tendría consecuencias que irían más allá del ámbito político.
El artículo 71 de la Constitución establece que los procedimientos penales contra diputados y senadores corresponden a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esta prerrogativa, conocida como aforamiento, determina el órgano judicial competente para investigar y juzgar a los parlamentarios.
La legislación también reconoce la inmunidad parlamentaria, que introduce determinadas garantías procesales durante el ejercicio del cargo. Entre ellas figura la necesidad de solicitar autorización a la Cámara correspondiente para determinados actos de inculpación o procesamiento.
No obstante, el aforamiento no implica la desaparición de una causa penal ni garantiza su paralización. Su principal efecto es modificar el tribunal encargado de conocer del procedimiento.
El Debate recuerda el precedente de Joan Josep Nuet, antiguo diputado de Esquerra Republicana, cuyo juicio por desobediencia experimentó un cambio de competencia tras obtener un escaño en el Congreso.
El procedimiento debía celebrarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en noviembre de 2019. Sin embargo, terminó trasladándose al Supremo, donde el juicio tuvo lugar en marzo de 2021.
En aquel caso, el cambio de órgano judicial provocó que la vista se celebrara más de un año después de la fecha inicialmente prevista.
El Supremo también aclaró que la adquisición del aforamiento puede modificar la competencia judicial incluso cuando ya se ha abierto juicio oral, diferenciando esta situación de los supuestos en los que una persona pierde su condición de aforada.
La causa contra Begoña Gómez, pendiente de juicio
El procedimiento que afecta a la esposa de Pedro Sánchez se encuentra en una fase especialmente relevante después de que el magistrado Juan Carlos Peinado acordara su enjuiciamiento ante un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
La decisión judicial precedió al anuncio realizado por Sánchez el pasado 5 de octubre, cuando comunicó la celebración de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.
La coincidencia de ambos acontecimientos ha situado la situación procesal de Gómez en el debate político, especialmente después de las informaciones sobre su hipotética participación en las listas socialistas.
Si finalmente obtuviera un escaño, la causa podría pasar de la Audiencia Provincial de Madrid al Tribunal Supremo, siempre que se cumplieran las condiciones legales y procesales correspondientes.
Este cambio no supondría por sí mismo una suspensión definitiva del procedimiento ni afectaría automáticamente a la validez de las actuaciones practicadas hasta ese momento.
