Peinado se va de vacaciones y deja en manos de otro juez el viaje de Begoña Gómez a Turquía
El permiso deberá decidirlo finalmente el juez de guardia
porGonzalo Pinilla
politica
La autorización para que Begoña Gómez pueda salir de España entre el 7 y el 10 de julio aún sigue pendiente de resolución
Compartir:
La autorización para que Begoña Gómez pueda salir de España entre el 7 y el 10 de julio aún sigue pendiente de resolución. El permiso deberá decidirlo finalmente el juez de guardia, después de que el magistrado Juan Carlos Peinado iniciara su periodo de vacaciones sin pronunciarse sobre la solicitud.
La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto viajar este martes a Ankara para asistir a la XXXVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN. Durante ese desplazamiento al extranjero también pretende trasladarse a Londres con el objetivo de acudir a la ceremonia de graduación de su hija.
Será ahora el juzgado de guardia el encargado de resolver la petición, previsiblemente a lo largo de este lunes, dado que la salida está programada para el 7 de julio y el regreso para el día 10.
Solicitud a Peinado para citar como testigo a Begoña
El juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta una investigación específica sobre la adjudicación de un contrato público de cuatro millones de euros al empresario Juan Carlos Barrabés, una pieza separada del conocido como caso Begoña Gómez. En el marco de estas diligencias, la acusación popular, ejercida por Hazte Oír, ha solicitado que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preste declaración como testigo, según un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.
La petición de Hazte Oír no se limita a Begoña Gómez. La organización también reclama la comparecencia, en la misma condición, de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y solicita que varios responsables y técnicos de Red.es, organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, pasen a ser investigados por su posible participación en los hechos.
La pieza fue abierta el pasado 19 de junio por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid con el objetivo de determinar si durante el proceso de adjudicación del contrato denominado Servicios de oficina AceleraPyme - Servicios de apoyo y asesoramiento pudieron cometerse delitos de prevaricación y fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea.
