La Policía detecta una oleada de documentos falsos entre inmigrantes ilegales para obtener la regularización en España

Las redes dedicadas al tráfico de inmigrantes habrían comenzado a facilitar documentación presuntamente falsificada a quienes pretendían llegar a España en patera tras conocerse la intención del Gobierno de impulsar un proceso extraordinario de regularización. Así lo aseguran fuentes de la Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), perteneciente a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que consideran que las irregularidades detectadas hasta ahora representan únicamente una pequeña parte del problema, según explica Rubén Pulido.

Supuestamente, estas organizaciones entregaban a los inmigrantes, incluso antes de emprender el viaje, documentación destinada a acreditar un supuesto arraigo en España. Entre esos documentos figuraban contratos de alquiler, facturas de suministros, líneas telefónicas, recibos de establecimientos e incluso tickets de restaurantes, todo ello con el objetivo de aparentar una residencia previa en territorio español. En algunos casos, añaden, ese material era preparado en los países de origen o en terceros Estados de la Unión Europea antes del desplazamiento.

Los investigadores afirman que, durante las entrevistas realizadas tras la llegada de las embarcaciones, numerosos inmigrantes presentaban pasaportes presuntamente falsificados, documentos de identidad alterados y otros justificantes cuya autenticidad generaba dudas. A su juicio, buena parte de esa documentación había sido confeccionada específicamente para facilitar el acceso al proceso de regularización.

Las mismas fuentes sostienen que la comprobación de esos documentos no siempre pudo completarse. Entre los obstáculos mencionan la falta de colaboración de determinados consulados y las dificultades encontradas por los agentes encargados de verificar las identidades de los solicitantes. Además, señalan que los especialistas de la Policía Nacional en detección de falsedades documentales tuvieron una participación limitada en la fase decisiva del procedimiento, cuya resolución corresponde a la comisión evaluadora dependiente del Ministerio de Migraciones.

Otro de los aspectos que destacan los agentes es que, en algunos expedientes, los propios antecedentes policiales de los solicitantes habrían servido para acreditar su permanencia en España. Según indican, la existencia de detenciones anteriores fue utilizada en determinados casos como un elemento para demostrar que esas personas ya se encontraban en el país antes de iniciar el proceso administrativo.

Desde la UCRIF también muestran su preocupación por las consecuencias del procedimiento de regularización. Las fuentes consultadas sostienen que miles de inmigrantes podrían obtener autorización para permanecer en España pese a acumular numerosas detenciones policiales. En su opinión, las deficiencias detectadas durante la tramitación y el elevado volumen de documentación presuntamente irregular comprometen las garantías del proceso y plantean riesgos para la seguridad.