El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado en el Consejo de Ministros un proyecto de ley con el que pretende rebajar el número de alumnos por clase y mejorar las condiciones del profesorado. La medida llega con la intención de introducir cierta homogeneidad en el sistema educativo y corregir desequilibrios entre comunidades autónomas.
Según el Ejecutivo, la norma busca facilitar una atención más individualizada al alumnado y ajustar la carga lectiva de los docentes. Son reivindicaciones que llevan años sobre la mesa y que el Ministerio de Educación ha decidido abordar ahora, en la recta final de la legislatura.
Pero lo cierto es que, a día de hoy, nada cambia todavía. Hasta que la ley supere su tramitación en el Parlamento, las ratios siguen rigiéndose por un decreto aprobado en 2010 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese marco fija un máximo de 25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en la ESO y hasta 35 en Bachillerato.
Un problema que viene de lejos
El origen de esta situación no es nuevo. La Ley Orgánica de Educación, impulsada también bajo el Gobierno de Zapatero, no introdujo cambios en las ratios. Ni siquiera la última reforma educativa, en vigor desde 2020, modificó el número máximo de alumnos por aula.
