EDATV Pedro Sánchez impulsó la regularización masiva de inmigrantes mientras el DAO ocultaba el informe policial que alertaba del caos
El documento fue elaborado por expertos de la Policía Nacional y advertía de un escenario de colapso administrativo
El Gobierno de Pedro Sánchez impulsó su regularización masiva ocultando un informe interno que alertaba de graves consecuencias legales, sociales y de seguridad. El documento fue elaborado por expertos de la Policía Nacional y advertía de un escenario de colapso administrativo. Moncloa prefirió el titular político al criterio técnico.
Los mandos policiales avisaron del riesgo de fraude documental, del efecto llamada y del impacto directo sobre servicios públicos ya saturados. También señalaron contradicciones con la normativa vigente y con sentencias del Tribunal Supremo. Nada de eso apareció en el relato oficial del Ejecutivo.
El informe estimaba que más de 1,2 millones de personas podrían acogerse a la medida. Una cifra muy superior a la manejada por el propio Gobierno. Esa diferencia revela improvisación y falta de planificación.
La advertencia llegó a la Dirección Adjunta Operativa pocos días después del anuncio gubernamental. El documento quedó enterrado mientras Sánchez defendía la regularización como un gesto humanitario. Otro episodio donde la propaganda se impone a la seguridad.
Pedro Sánchez impulsó la regularización masiva de inmigrantes mientras el DAO ocultaba el informe policial que alertaba del caos | Europa Press
La Policía desmonta el decreto y alerta de riesgos jurídicos y administrativos
Los expertos cuestionan que la medida pueda tramitarse como urgente, al no existir una situación sobrevenida que lo justifique técnicamente. También rechazan que no tenga impacto presupuestario, porque oficinas de extranjería y comisarías quedarían desbordadas sin refuerzos inmediatos. El informe habla de una carga administrativa inasumible.
El texto señala contradicciones con el reglamento actual al permitir autorizaciones por arraigo a solicitantes de protección internacional. Esa fórmula choca con la legislación española y con el marco europeo de asilo. Además, se advierte de sentencias del Supremo contrarias a ese planteamiento.
Los agentes alertan de requisitos vagos y fácilmente falsificables, como la acreditación de cinco meses de permanencia. Ese plazo permite fraudes documentales y vacía de contenido el control de antecedentes. El sistema quedaría expuesto desde el primer día.
Efecto llamada, presión social y advertencias ignoradas
La Policía confirma que el anuncio ya tiene repercusión en terceros países y está siendo utilizado por redes de tráfico como reclamo. El mensaje del Gobierno actúa como incentivo indirecto y acelera los flujos de llegada. El efecto llamada no es teórico, es inmediato.
El informe también alerta de presión sobre sanidad, educación y servicios sociales si se alcanzan las cifras previstas. Los expertos consideran que el Estado no tiene capacidad real para absorber una entrada tan rápida. El impacto recaería especialmente sobre barrios vulnerables.
El documento señala tensiones en la convivencia, mayor sensación de inseguridad y riesgo de que actores ligados al crimen organizado exploten debilidades del sistema. Pese a ello, Sánchez mantiene su defensa pública del decreto sin responder a las advertencias técnicas. El Gobierno ignoró a la Policía y avanzó con una agenda marcada por la ideología.
Esta regularización nace entre ocultamientos, improvisación y desprecio al criterio profesional. No es integración ordenada, es abandono institucional. Y España vuelve a pagar las consecuencias.
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