EDATV Pedro Sánchez endurece las penas a empresas mientras protege a su Gobierno: la reforma anticorrupción que apunta fuera y protege dentro
Según el Ejecutivo, estas herramientas servirán para blindar el dinero público y reforzar la confianza ciudadana
El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado una reforma anticorrupción centrada casi exclusivamente en el sector empresarial. El proyecto incluye un registro público de compañías condenadas y amplía hasta veinte años la prohibición de contratar con la administración. Moncloa presenta la medida como un salto histórico en transparencia.
La iniciativa también endurece sanciones administrativas y limita el acceso a subvenciones para empresas implicadas en irregularidades. Según el Ejecutivo, estas herramientas servirán para blindar el dinero público y reforzar la confianza ciudadana. Sin embargo, el texto evita tocar con la misma intensidad el ámbito político.
Mientras se refuerzan controles sobre el tejido empresarial, el Gobierno descarta introducir dimisiones automáticas, límites más estrictos al aforamiento o auditorías independientes sobre altos cargos. Tampoco plantea cambios estructurales en los mecanismos de adjudicación pública. La responsabilidad institucional queda fuera del foco.
Este desequilibrio ha generado críticas desde sectores conservadores y liberales, que denuncian una ofensiva selectiva. La corrupción no existe sin decisiones administrativas ni sin firmas políticas. Reducirla a una cuestión empresarial es una simplificación interesada.
Pedro Sánchez endurece las penas a empresas mientras protege a su Gobierno: la reforma anticorrupción que apunta fuera y protege dentro | Europa Press
El Ejecutivo apunta a las empresas y esquiva el foco político
La reforma prevé publicar listados oficiales de empresas sancionadas y ampliar la inhabilitación para contratar de quince a veinte años. También incorpora mayores exigencias de control financiero y donaciones políticas. Sobre el papel, el paquete parece ambicioso.
El problema aparece al analizar quién queda fuera del radar. El texto apenas introduce cambios en la rendición de cuentas de ministros, secretarios de Estado o directores generales. No se refuerza la independencia de los órganos fiscalizadores ni se revisa el papel del poder político en cada contrato.
Desde el entorno del PSOE se insiste en que el objetivo es limpiar el mercado público. Pero se evita hablar del circuito completo de la corrupción, que siempre empieza dentro de la administración. Sin autorización política no hay adjudicación.
Además, expertos en derecho administrativo advierten del riesgo de convertir el registro en una herramienta más comunicativa que estructural. Sin garantías claras, puede generar inseguridad jurídica para empresas que ya han cumplido sanciones. Transparencia sin proporcionalidad también es mala política pública.
Regeneración selectiva y doble vara institucional
Desde una perspectiva de derechas, combatir la corrupción exige igualdad ante la ley y límites reales al poder. No basta con señalar al sector privado mientras el Ejecutivo mantiene intacto su perímetro. La regeneración empieza por el ejemplo institucional.
La economía productiva necesita reglas estables y seguridad jurídica, no campañas de señalamiento. Penalizar delitos es imprescindible, pero hacerlo sin reforzar la responsabilidad política crea desconfianza. El mercado requiere certidumbre, no discursos morales desde Moncloa.
El Gobierno ha elegido una vía cómoda: endurecer sanciones a terceros y evitar reformas que le afecten directamente. Esa estrategia permite titulares favorables sin asumir costes internos. Pero no fortalece el Estado de derecho.
La ciudadanía distingue entre reformas reales y operaciones de imagen. Mientras no se revisen privilegios del poder ni se exijan responsabilidades políticas claras, cualquier ofensiva anticorrupción quedará incompleta. Pedro Sánchez habla de transparencia, pero evita mirarse al espejo institucional.
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