La patética excusa de Óscar Puente para justificar la huida de Puigdemont
Puente asegura que "no se le puede imputar al Gobierno responsabilidad por la huida de Puigdemont"
El ministro socialista de Transportes Óscar Puente, ha defendido que la seguridad para la llegada del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, era responsabilidad de la Generalitat y los Mossos d’Esquadra. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Puente afirmó que "no se le puede imputar al Gobierno responsabilidad por la huida de Puigdemont".
Puente subrayó que las competencias del Estado se limitaban a la materia fronteriza y que, debido a la pertenencia de España y Francia al espacio Schengen y la libertad de movimiento. Subrayó que "controlar la entrada de una persona era muy complicado". Además, añadió que la Generalitat, que tenía acceso a Puigdemont y lo rodeó de Mossos durante su acto en Barcelona, es la responsable.
Para el ministro de Transportes, lo hecho por Puigdemont el pasado jueves "no es más que ruido" y no cree que "beneficie ni al propio protagonista ni a Junts". Aseguró que "variarán la estrategia" del partido. Además, destacó que:
No puede ser que en Cataluña, el partido que más ha influido en la historia de la comunidad autónoma esté ahora al margen de los procesos de toma de decisiones.
En cuanto a la situación con Junts en el ámbito nacional y su apoyo en el Congreso de los Diputados a las leyes del Gobierno central, Puente ha señalado que:
La situación no va a cambiar gran cosa.
Según el ministro, Junts apoyará algunas cuestiones y otras no.
"No creo que descubramos nada nuevo al decir que Junts es un partido conservador. Aunque coincidamos en algunas cuestiones democráticas, es evidente que tenemos diferencias importantes en otras, lo que dificultará llegar a acuerdos", explicó el ministro.
Nueva condición de Puigdemont a Sánchez para renegociar el acuerdo de investidura
Junts ha dejado claro que el acuerdo alcanzado en Bruselas con el PSOE en noviembre, que facilitó la reelección de Pedro Sánchez como presidente, ya no es válido. El partido liderado por Carles Puigdemont, representado en las negociaciones por el socialista Santos Cerdán, exige una renegociación inmediata del pacto con la mediación en Suiza para mantener su apoyo.
Esta demanda podría precipitar el fin prematuro de la legislatura. De momento, fuentes de Junts han indicado que están inclinados a rechazar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Aun así, esperan que Moncloa actúe rápido para evitarlo, advirtiendo que el precio de su apoyo será alto.
El acuerdo alcanzado en estos días entre PSC y ERC podría ser la clave. La dirección de Junts, encabezada por Jordi Turull y Laura Borràs, ha señalado que este acuerdo ha alterado significativamente el contexto. Por lo que requiere una revisión de las condiciones.
Por ello, exigen a Sánchez una reunión urgente de la mesa de negociación entre ambos partidos. Además, piden la participación del mediador internacional, Francisco Galindo, para que el Gobierno español se comprometa a cumplir las nuevas demandas de los separatistas. Entre estas exigencias se incluye la implementación completa de la Ley de Amnistía para garantizar el regreso de Puigdemont a España sin problemas legales.
La confianza de Junts per Catalunya en el Gobierno de Sánchez, según fuentes del partido, es "prácticamente inexistente". Las declaraciones del ministro Félix Bolaños en París sobre la aplicación de la Ley de Amnistía han generado descontento tanto en Barcelona como en Waterloo. Además, están siendo percibidas como una señal de que, si esta es la actitud del Gobierno, la colaboración entre ambos partidos tiene un futuro limitado.
Junts advierte que "el contexto que permitió el acuerdo original ha cambiado considerablemente" y que lo más sensato sería renegociar todos los términos.
Este sábado, la vicepresidenta María Jesús Montero afirmó que los socialistas mantienen una "relación institucional absolutamente normal" con Junts. A pesar de las diferencias entre ambos partidos. Montero también subrayó la necesidad de buscar entendimientos debido a la compleja aritmética parlamentaria.
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