Rafael Ramón Mompó, hasta ahora concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Altea (Alicante), ha presentado su renuncia al acta de edil en la corporación municipal tras ser investigado por presunto maltrato de obra con lesiones y coacciones leves hacia su pareja, en el marco de una causa abierta por supuesta violencia de género.
El juzgado acordó este lunes dejarlo en libertad como investigado, después de que la Guardia Civil lo detuviera el pasado domingo. La detención desencadenó una reacción en cadena dentro de su propio partido: Compromís lo suspendió cautelarmente de militancia, abrió un expediente disciplinario y el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, le retiró de manera preventiva las competencias delegadas dentro del equipo de gobierno, que comparten ediles de la coalición valencianista y del grupo socialista.
Un partido que predica igualdad y encubre a los suyos hasta que no queda más remedio.
La renuncia llega cuando ya era insostenible: Compromís actuó solo después de que trascendiera el arresto, no antes.
El caso Mompó vuelve a poner sobre la mesa la brecha entre el discurso y la realidad de una formación que ha hecho de la lucha contra la violencia machista su principal bandera electoral. Compromís no actuó de oficio ni anticipó ninguna medida interna: suspendió al concejal y abrió el expediente cuando el arresto ya era público, no antes. La renuncia al acta se produjo igualmente cuando la situación era ya políticamente insostenible.
El consistorio alteano comunicó la dimisión mediante un comunicado en el que el ejecutivo local que encabeza Zaragozí, de Compromís, aseguró mantener "la condena firme y rotunda ante cualquier forma de violencia, especialmente la violencia contra las mujeres". Palabras que suenan huecas cuando provienen de un partido que gobernaba con el denunciado y que tardó en actuar hasta que la Guardia Civil puso el asunto sobre la mesa.
No es la primera vez que formaciones de izquierda que se presentan como garantes de la igualdad se ven salpicadas por casos de este tipo entre sus propias filas. La diferencia está en que, cuando ocurre en el bando contrario, la exigencia de dimisión inmediata y la cobertura mediática son instantáneas. Aquí, la noticia ha tardado en circular y las reacciones internas han llegado cuando ya no había otra salida.
La pregunta que queda en el aire es cuánto sabía el partido antes del arresto, y si la suspensión cautelar fue un acto de principios o simplemente de gestión de imagen.
