El papel clave que jugó Montero para una subvención a una obra adjudicada a Cerdán

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, fue clave. Todo para que el Ejecutivo aprobara una subvención directa al Gobierno de Navarra en plena prórroga presupuestaria. El dinero, hasta 40 millones de euros, fue destinado a financiar la duplicación de los túneles de Belate.

Una obra que terminó adjudicándose a una UTE formada por Acciona y Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán, ya en prisión.

Según El Mundo, sin la intervención de Montero, esa ayuda no habría sido posible. Primero, firmó un informe favorable a la subvención, dirigido al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Después, propuso al Consejo de Ministros saltarse los límites habituales y autorizar el pago en varios ejercicios presupuestarios. Todo, pese a no contar con presupuestos nuevos.

La Ley General de Subvenciones permite este tipo de ayudas excepcionales. Pero exige que haya razones de interés público y un informe previo de Hacienda. Montero cumplió los requisitos.

Y el Consejo de Ministros dio luz verde al pago. La ayuda quedó formalizada en un real decreto aprobado en octubre de 2024.

Pedro Sánchez ya había respaldado esta obra en julio de 2023, cinco días antes de las elecciones generales. Entonces, con Raquel Sánchez en Transportes, el Gobierno aprobó otra subvención a Navarra para el mismo proyecto. También con el visto bueno de Montero.

Chivite pidió la ayuda. Lo admitió en el Parlamento foral. Según dijo, habló con Santos Cerdán para lograr apoyo estatal.

Alegó que no sabía que era accionista de Servinabar. Y negó haber influido en la adjudicación. La obra se adjudicó por 76 millones de euros en enero de 2024.

Montero, por su parte, se desmarcó del caso tras la detención de Cerdán:

“Es un asunto de una persona que no tiene que ver con el PSOE”.

Sin su informe y sin su propuesta al Consejo de Ministros, la ayuda nunca se habría aprobado.

Chivite permitió un sobrecoste en una obra de la empresa Cerdán que inauguró Sánchez

En noviembre de 2020, Pedro Sánchez visitó los jardines del Palacio de Navarra. Fue el primer presidente del Gobierno en hacerlo desde 1952. Inauguraba la rehabilitación del Archivo de Navarra, pero lo que parecía un acto institucional más ha acabado salpicado por un escándalo.

La obra costó 2,4 millones. Sin embargo, acabó generando un sobrecoste de 730.000 euros. El contrato fue ejecutado por una UTE formada por Acciona y Servinabar.

Esta última, una empresa en la que Santos Cerdán, hoy en prisión, tenía el 45% mediante un contrato privado.

Según ha revelado El Mundo, el Gobierno de María Chivite dio el visto bueno a ese incremento. Lo hizo pese a que la Ley de Contratos del Sector Público impide aumentos superiores al 20% sin una nueva licitación. El sobrecoste final fue del 28,57%.

Parte de ese incremento se produjo porque se retiraron trabajos por valor de 263.000 euros, como los del jardín. Pero se siguió pagando el precio completo.

Además, la UTE pidió seis meses más para terminar los trabajos. Alegaron causas ajenas a su voluntad. En vez de sancionarlos, se les concedió una indemnización de 467.000 euros.

Servinabar no tenía en ese momento como objeto social ejecutar obras. Aun así, accedió al contrato. Funcionarios advirtieron de lo “raro” de su participación y de la extraña alianza con Acciona, una multinacional del IBEX.

La licitación fue poco transparente: para acceder al proyecto, las empresas interesadas debían firmar un documento de confidencialidad con el arquitecto público Pedro López Vera.

Pese a que su oferta fue de las peor valoradas técnicamente, la UTE ganó por ser la más barata. Algunos funcionarios sospechan que sabían de antemano que habría margen para añadir sobrecostes más adelante.