Yolanda Díaz ha despertado nueva polémica. El partido Sumar presentó el pasado 6 de noviembre una enmienda a la Proposición No de Ley (PNL) del PSOE. Su objetivo es brindar "reconocimiento y homenaje a las personas del colectivo LGTBI víctimas de represión durante la Guerra y la dictadura franquista".
En su propuesta, Sumar demanda que se otorgue una pensión vitalicia. Que sea "de idéntica cuantía a la pensión mínima de la Seguridad Social que reciben las personas pensionistas mayores de 65 años sin cargas familiares".
Yolanda Díaz lleva días mareando a la ciudadanía
Esta paga a quienes declaren haber sido perseguidos durante el franquismo. Esto equivaldría a un ingreso mensual de 825 euros.
Sumar también demanda que "esta pensión sea compatible con cualquier otro ingreso proveniente de actividades laborales, comerciales o de rentas personales o empresariales."
El otro escándalo en Sumar
Tras las graves acusaciones de Íñigo Errejón por las que tuvo que dimitir, el partido y Díaz se han visto acorralados.
El ex portavoz de Sumar Iñigo Errejón durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces
Entrando más en detalle, Sin embargo, Díaz ha sido acusada en otras ocasiones de encubrir casos de violencia sexual dentro de su círculo político. Dos integrantes de IU aseguran que ocultó las denuncias presentadas contra su asesor, Ramiro Santalices Martínez.
Resulta ser su asesor en el Parlamento gallego. Fue detenido en el año 2016 por un delito de consumición y distribución de pornografía infantil. Según se comprobó, realizaba esto a través de los ordenadores de la institución.
En 2009, dos militantes locales de Izquierda Unida, José Loureiro y Mercedes Salvatierra, contactaron con Yolanda Díaz. La razón era para advertirle sobre un hallazgo en las computadoras de la sede del partido en Ferrol. Según el medio, habían encontrado contenido de pornografía infantil.
Según su denuncia, las visitas a estos sitios web, realizadas siempre de noche y con acceso restringido a unos pocos usuarios, apuntaban a Santalices como uno de los principales sospechosos.
Esta situación hizo que Díaz iniciara una comisión de investigación interna además de la suspensión cautelar de la militancia. Sin embargo, no la quiso dirigir a su asesor. En su lugar, contra aquellos militantes que lo señalaron.
Los dos militantes se reunieron con dirigentes provinciales del partido, quienes decidieron quedarse con el ordenador "con la intención de llevarlo a un perito al objeto de sacar datos del mismo". Fue en ese momento cuando Loureiro y Salvatierra optaron por denunciar los hechos ante la Policía Nacional.
