El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) vuelve a poner en cuestión la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez. El organismo advierte que España mantiene una elevada presión fiscal sobre el trabajo, especialmente tras el aumento de las cotizaciones, lo que está afectando a la creación de empleo.
Según el informe, el sistema tributario presenta “deficiencias” que perjudican tanto la productividad como la recaudación. En concreto, señala que la elevada carga sobre el trabajo desincentiva la contratación y la generación de nuevos puestos.
Este diagnóstico choca con el discurso del Ejecutivo, que en los últimos años ha defendido sus reformas como una vía para fortalecer el mercado laboral. Sin embargo, desde fuera se advierte de que el resultado puede ser justo el contrario.
Más cotizaciones y menos incentivos para trabajar
Uno de los puntos más críticos del informe se centra en el aumento de las cotizaciones sociales impulsado por el Gobierno. La OCDE considera que esta subida ha incrementado el coste del trabajo, dificultando la contratación y frenando la actividad económica.
Además, el organismo recomienda revisar el sistema de prestaciones sociales, planteando una eliminación gradual de algunas ayudas para evitar que se conviertan en un desincentivo al empleo. Según el análisis, la combinación de impuestos elevados y retirada rápida de prestaciones reduce los incentivos para trabajar, especialmente en los tramos de renta más bajos.
Esta situación, advierten, puede estar afectando a colectivos clave como los trabajadores con menores ingresos o aquellos que buscan reincorporarse al mercado laboral.
Un sistema fiscal que frena la productividad
Más allá de las cotizaciones, la OCDE también critica otros elementos del sistema tributario español. Señala que las exenciones y tipos reducidos del IVA reducen la base imponible y distorsionan el sistema, mientras que la estructura fiscal favorece la deuda frente a la inversión productiva.
El informe también apunta a problemas estructurales como la sobrerregulación y la burocracia, que dificultan la actividad empresarial y frenan la innovación. En este sentido, recomienda simplificar los procedimientos administrativos y facilitar el acceso de las pymes a financiación y tecnología.
Estas críticas se suman a las ya habituales advertencias sobre el bajo nivel de productividad de la economía española, un problema que, según la OCDE, sigue sin resolverse.
