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La observación del juez Peinado en el 'caso Begoña Gómez' que acorrala a Sánchez

La observación del juez Peinado en el 'caso Begoña Gómez' que acorrala a Sánchez
Begoña Gómez en el ojo del huracán
porAdais Cásares
politica

La investigación sigue en curso y el juez Peinado ha solicitado más documentación para esclarecer los hechos

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El caso Begoña Gómez sigue generando controversia en España. El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación, ha dado un nuevo giro al proceso al señalar directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según un reciente auto judicial, el magistrado considera que existen indicios de un posible delito de malversación relacionado con el pago de una asesora privada.

Este movimiento ha intensificado el escrutinio sobre la gestión de fondos públicos y la relación entre Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, en el centro de la polémica.

El juez Peinado sostiene que no es necesario rastrear el destino exacto del dinero para acreditar un perjuicio al erario público. En su resolución, argumenta que el daño económico puede demostrarse con la simple existencia de pagos irregulares.

 

Pedro Sánchez y Begoña Gómez se encuentran en boca de todos
Pedro Sánchez y Begoña Gómez se encuentran en boca de todos

En este caso, la investigación se centra en el supuesto uso de recursos públicos para financiar servicios de asesoría que habrían beneficiado a Gómez. Esta acusación ha desatado un intenso debate político, con críticas desde diversos sectores que exigen claridad y transparencia.

La investigación, que comenzó hace meses, se ha enfocado inicialmente en las actividades de Begoña Gómez,  particularmente en su relación con  varias empresas y contratos públicos. Sin embargo, el juez ha ampliado el foco hacia Sánchez, sugiriendo que podría haber responsabilidad directa o indirecta en las decisiones administrativas cuestionadas. Todo ello, según ha publicado Libertad Digital. 

Este nuevo enfoque ha sido interpretado por algunos como un intento de determinar si el presidente tuvo conocimiento o participación en las supuestas irregularidades.

 

Este es el lado más humano del magistrado que lleva la investigación de la mujer del presidente
Este es el lado más humano del magistrado que lleva la investigación de la mujer del presidente

El caso ha generado reacciones encontradas. Desde el Gobierno, se defiende la inocencia de Sánchez y se califica la investigación como una maniobra política para desgastar al Ejecutivo.

La investigación sigue en curso, y el juez Peinado ha solicitado más documentación para esclarecer los hechos. Mientras tanto, el caso Begoña Gómez promete seguir siendo un tema central en la política española, con posibles implicaciones para el futuro del Gobierno.

Las otras irregularidades de las cartas de recomendación de Begoña Gómez  que acorrala

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha detectado anomalías en el sistema de adjudicación de contratos de Red.es que favorecieron al empresario Juan Carlos Barrabés. Así lo recoge un informe de 144 páginas entregado al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El documento analiza seis contratos públicos. Uno de ellos, adjudicado a una unión temporal de empresas formada por KPMG e Innova Next, revela un sistema de puntuación que no se ajusta a los pliegos de condiciones. Según la IGAE, se priorizaron los criterios subjetivos sobre los económicos, lo que benefició de forma sistemática a la empresa del empresario.

Barrabés consiguió en total contratos valorados en más de 10 millones de euros. En tres de ellos, se usaron fondos europeos, por lo que la investigación recae ahora en la Fiscalía Europea. En estos expedientes, también aparecen cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez en apoyo al empresario.

Los pliegos de estas licitaciones aplicaban el mismo sistema de puntuación cuestionado por la IGAE. Según el informe, esto supone un incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público. Esto, ya que los criterios objetivos no alcanzaban el peso mínimo exigido, lo que exigía la intervención de un comité externo en la evaluación.


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