La decisión del Ministerio del Interior de cerrar la base del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil en L'Estartit ha generado preocupación entre asociaciones profesionales y responsables municipales de la Costa Brava. La medida supondrá la centralización del servicio en Barcelona y pondrá fin a casi tres décadas de presencia permanente de una unidad que, según alcaldes y representantes de los agentes, ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad marítima de la zona.
El cierre implicará que los especialistas pasen a depender de la capital catalana para intervenir en rescates, emergencias o actuaciones policiales en el litoral gerundense. Aunque Interior sostiene que la reorganización permitirá optimizar recursos y mejorar la operatividad sin afectar al servicio, tanto asociaciones de guardias civiles como responsables municipales han expresado sus dudas sobre el impacto que la medida podría tener en los tiempos de respuesta ante incidentes en el mar.
Según ha publicado El Debate, la decisión ha provocado una inusual coincidencia de críticas entre representantes de la Guardia Civil y alcaldes de distintos municipios costeros. Todos comparten una misma preocupación: que la desaparición de una unidad permanente en la Costa Brava pueda reducir la capacidad de actuación en una zona con una intensa actividad náutica, turística y de buceo.
Alcaldes y agentes temen que la centralización afecte a la capacidad de respuesta
Las asociaciones profesionales JUCIL y AUGC han mostrado su rechazo al cierre de la base de L'Estartit. Desde ambos colectivos consideran que la distancia entre Barcelona y algunos de los puntos donde habitualmente actúan los GEAS podría dificultar una respuesta tan rápida como la que ofrecía una unidad asentada de forma permanente en la zona.
La preocupación también se ha trasladado al ámbito municipal. El alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha solicitado formalmente a la Dirección General de la Guardia Civil que reconsidere la medida, defendiendo la importancia estratégica de una unidad que durante años ha participado en rescates, tareas de prevención, vigilancia del patrimonio subacuático y control de actividades ilegales como el furtivismo.
Los municipios afectados recuerdan además que los GEAS mantenían una estrecha colaboración con centros de buceo y servicios de emergencia locales, especialmente en enclaves tan conocidos como las Islas Medas, donde se realizan miles de inmersiones cada año.
Mientras el Ministerio del Interior insiste en que la reorganización permitirá mantener intacto el servicio, alcaldes y asociaciones profesionales cuestionan que la respuesta pueda ser exactamente la misma desde Barcelona y reclaman que se tenga en cuenta la singularidad de un litoral que, durante casi treinta años, ha contado con una unidad especializada instalada a pie de costa.
