Cantabria acelera la modernización de la Justicia con más de 5 millones para infraestructuras judiciales

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha destacado los avances alcanzados en el desarrollo del Pacto para la Justicia de Cantabria, firmado en julio de 2024 con la participación de los principales colectivos vinculados al ámbito judicial.

Durante una reunión de seguimiento celebrada con los representantes de las entidades firmantes, la responsable autonómica presentó un balance de las medidas ejecutadas hasta la fecha y expuso las líneas maestras del futuro Plan de Inversiones en Infraestructuras Judiciales 2027-2031.

Según explicó Urrutia, el documento contempla actuaciones en todos los partidos judiciales de la comunidad autónoma y prevé una inversión global superior a los cinco millones de euros destinada a modernizar y mejorar las instalaciones existentes.

La consejera puso en valor la colaboración mantenida con los distintos operadores jurídicos y señaló que buena parte del trabajo desarrollado en los dos últimos años ha estado marcado por la aplicación del nuevo modelo organizativo derivado de la Ley Orgánica 1/2025.

Esta transformación, indicó, ha supuesto una inversión de 2,4 millones de euros por parte de la comunidad autónoma para adaptar las estructuras judiciales al nuevo marco normativo impulsado a nivel nacional.

En este contexto, Urrutia aseguró que el Ejecutivo cántabro asumió en solitario el coste de la implantación y avanzó que reclamará al Ministerio competente la compensación económica correspondiente por los gastos realizados.

Pese a las dificultades señaladas durante el proceso, la consejera destacó que Cantabria ha completado con éxito la implantación de la nueva Oficina Judicial en todos los partidos judiciales de la región.

Tras culminar esa fase, el Gobierno autonómico centra ahora sus esfuerzos en consolidar el sistema y perfeccionar su funcionamiento mediante nuevas medidas organizativas y tecnológicas.

Entre las actuaciones previstas destaca la futura construcción de una nueva sede para el Instituto de Medicina Legal, considerada una de las intervenciones estratégicas más relevantes del plan actualmente en elaboración.

El proyecto también contempla mejoras en las oficinas de justicia de los municipios con el objetivo de reforzar la cercanía del servicio público y facilitar el acceso de los ciudadanos a los recursos judiciales.

Antes de su aprobación definitiva, prevista para el último trimestre del año, el documento será sometido a la valoración y aportaciones de los colectivos firmantes del pacto.

El balance presentado por el Ejecutivo refleja que gran parte de los doce compromisos incluidos en el acuerdo ya se encuentran cumplidos o presentan un elevado grado de desarrollo.

Entre las medidas completadas figura la solicitud al Ministerio para crear nuevas unidades judiciales y la puesta en marcha del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander.

Asimismo, se han reforzado plantillas en distintos órganos judiciales y se han aprobado las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a todas las oficinas judiciales de Cantabria.

También se han ejecutado actuaciones para adaptar espacios al nuevo modelo organizativo en municipios como Santander, Santoña, Castro Urdiales y Medio Cudeyo.

Dentro de las inversiones en marcha sobresalen las obras de eficiencia energética del Complejo Judicial de Las Salesas, que incluyen la renovación de sistemas eléctricos y elementos constructivos del edificio.

En materia tecnológica, la comunidad ha avanzado en la implantación del expediente judicial electrónico y en la incorporación de herramientas digitales orientadas a reducir el uso del papel en la Administración de Justicia.

El Gobierno regional también ha culminado la adaptación del sistema de gestión procesal VEREDA y ha desplegado el nuevo Registro Civil mediante la aplicación DIGIREG en todas las oficinas.

Por otro lado, continúan los trabajos para desarrollar la Oficina Fiscal, revisar la normativa de personal y reforzar la mediación intrajudicial, la atención a colectivos vulnerables y la planificación de recursos humanos para el futuro.