
Nuevos documentos sitúan al suegro de Sánchez como arrendatario del local de la sauna Adán hasta 2022
La resolución del contrato se produjo tras una comunicación previa presentada por los arrendatarios en febrero de 2022
La publicación de nueva documentación sobre los negocios familiares del entorno de Pedro Sánchez ha reabierto la polémica. Una en torno a la conocida sauna Adán, un local situado en la calle San Bernardo de Madrid. Lugar que, según diversas informaciones publicadas por este medio y testimonios, estuvo vinculado durante años al ejercicio de la prostitución.
De acuerdo con documentos a los que ha accedido en exclusiva El Debate, el padre de Begoña Gómez, mantuvo la titularidad del contrato de arrendamiento. Todo en relación al inmueble hasta marzo de 2022, cuando Sánchez ya llevaba casi cuatro años en La Moncloa.

El documento en cuestión, fechado el 16 de marzo de 2022, recoge la extinción del contrato de alquiler del local comercial y de la primera planta. Precisamente donde operaba la sauna Adán. El contrato había estado vigente desde junio de 1980 y estaba firmado por Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez, y su hermano Francisco, junto con la mutualidad Muface, propietaria del inmueble.
Según consta en el escrito, la resolución del contrato se produjo tras una comunicación previa presentada por los arrendatarios el 16 de febrero de 2022, en la que manifestaban su “voluntad unilateral de desistir y resolver el contrato”, así como de devolver la posesión de los locales. Esta fecha contradice la versión sostenida hasta ahora por el entorno del presidente, que situaba el abandono del negocio en 2006, coincidiendo con el matrimonio de Sánchez y Begoña Gómez.
La documentación publicada plantea interrogantes sobre hasta cuándo estuvo vinculada la familia política del presidente al alquiler del local, especialmente teniendo en cuenta que la actividad del establecimiento habría cesado años antes, según diversas informaciones, poco antes del inicio de la pandemia. Hasta la fecha, no se ha hecho público ningún documento que acreditara oficialmente ese supuesto cese previo.

La cuestión fue objeto de debate político el pasado 30 de octubre, durante la Comisión de Investigación del Senado, cuando Pedro Sánchez fue interrogado por el senador del PP Alejo Miranda sobre la posible relación entre los negocios familiares y la financiación de su carrera política. El presidente evitó entrar en detalle y aseguró que no disponía de información al respecto, defendiendo que las actividades de su suegro “no eran ilícitas” y reiterando su posición a favor de la abolición de la prostitución.
La controversia se ha visto reforzada tras conocerse que Muface se vio obligada a entregar la documentación por orden del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que reprochó a la mutualidad su falta de colaboración. En su respuesta oficial, la directora general de Muface, Myriam Pallarés, reconoció que no consta ningún requerimiento al arrendatario sobre la actividad desarrollada en el inmueble ni sobre las obras realizadas, pese a que el contrato prohibía expresamente el subarriendo y las reformas sin autorización.
Además, el Ayuntamiento de Madrid ha señalado que sigue trabajando en la localización de posibles licencias relacionadas con el edificio, sin que por ahora haya confirmado la existencia de autorizaciones para las reformas o actividades desarrolladas en su interior.
La aparición de estos documentos añade presión política al Gobierno y mantiene abierto un debate que el presidente ha evitado aclarar públicamente, mientras la oposición insiste en exigir explicaciones sobre un asunto que considera de interés público.
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