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Una persona con gafas y chaqueta azul habla en un podio del Ayuntamiento de Móstoles con banderas de fondo.
POLÍTICA

Nuevo varapalo al PSOE: piden ocho años para la exalcaldesa de Móstoles

La exalcaldesa socialista de Móstoles contra las cuerdas

La exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, se enfrenta a una condena de ocho años de prisión y veinte años de inhabilitación para cualquier cargo público. Como consecuencia de su implicación en una causa judicial por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.

Las irregularidades detectadas se relacionan con contratos para realizar obras de colegios públicos en 2016.  En ese momento, Posse ocupaba el cargo de concejal de Medio Ambiente, Parques, Jardines y Limpieza Viaria

Una mujer con gafas y chaqueta negra está de pie con los brazos cruzados en un evento al aire libre rodeada de personas sentadas y banderas en el fondo.

El origen de este proceso judicial está en una denuncia presentada por Sergio Gil exdirector de Hacienda del Ayuntamiento de Móstoles. Y fue cesado por el equipo de Posse. Según su testimonio, los hechos denunciados constituyen una clara infracción de la normativa de contratación pública.

En esa época, Posse tenía bajo su responsabilidad tenía el cargo del mantenimiento de edificios municipales, incluyendo los centros educativos públicos. Según la acusación, durante ese periodo se realizaron varias obras, pero en vez de organizar una única, se dividió en ocho pequeños contratos.  

Cada contrato individual tenía un importe inferior a 50.000, es decir, estos alcanzaban los 384.956,82 euros (sin incluir el IVA). Superando el umbral permitido, reforzando la acusación de fraccionamiento ilegal de contratos. Debido a que hay que llevar a cabo un consurso público para garantizar transparencias en las obras.

Lo que se denuncia en este caso es que Posse y Ángeles Cortizas, supuestamente “trocearon” el total de las obras en partes más pequeñas para evitar el procedimiento. 

La jueza que lleva el caso cree que hay indicios suficientes para ir a juicio, y la acusación ha solicitado ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación para ambas.

La defensa de la exalcaldesa niega cualquier conducta ilegal, alegando que las decisiones tomadas respondieron a necesidades urgentes y que no hubo mala fe ni perjuicio económico real. Este no es el único asunto judicial que salpica a Noelia Posse. Ya ha sido señalada en otros casos por supuestas irregularidades en contratos públicos mientras fue alcaldesa.

En definitiva, el caso refleja una posible vulneración de la normativa de contratación pública mediante el fraccionamiento de contratos para eludir los procedimientos legales. Mientras la justicia continúa investigando si existió una conducta deliberada para favorecer intereses particulares.

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