Saánchez apunta ahora contra el juez Peinado con graves acusaciones
Pedro Sánchez ha vuelto a dar que hablar este fin de semana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ampliado la querella. Esta la llevó a cabo por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado.
Todo ellos en la causa que instruye contra su esposa, Begoña Gómez, por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Tal y como publica El País en su portada de este sábado, así como esa ampliación. La Abogacía General del Estado presentó el jueves, en su nombre, un escrito en la Sala de lo Civil y Penal del TSJM.
Es aquí donde se solicita ampliar la querella por prevaricación judicial. Ya la interpuso contra el juez porque considera que practica una “injusticia intrínseca” y realiza “interpretaciones forzadas o artificiosas”.
Pedro Sánchez se enfrenta a su mayor miedo, su imagen sentado declarando. Lo hizo como testigo en el caso de su esposa, Begoña Gómez.
El juez Juan Carlos Peinado dictó una providencia en la investigación. En relación con Begoña Gómez, en la que rechaza la solicitud de la Fiscalía. Pidieron no entregar la grabación en vídeo de la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Esta fue realizada el 30 de julio. La Fiscalía quería evitar que llegara a las acusaciones populares y a la defensa.
“Las partes tienen derecho a obtener copia de todos los documentos incluidos en las diligencias previas. Incluyendo aquellos en soportes digitales que documenten las diligencias de instrucción realizadas”, señala el juez instructor en su resolución.
Los vídeos fueron trasladados desde La Moncloa en una torre de discos compactos y depositados en la caja fuerte del Juzgado. Allí están también los portátiles que contenían la grabación.
Varias acusaciones populares, como Iustitia Europa y HazteOír, solicitaron acceso a las copias. Lo cierto es que solo la abogada de Vox, Marta Castro, pudo asistir en representación de todas ellas, por decisión del magistrado.
El juez Peinado no se había pronunciado hasta ahora. Lo hace a raíz de la iniciativa de la Fiscalía, que solicitó, apenas cuatro días después de la comparecencia, que se impidiera el acceso de las acusaciones populares a las cintas. Argumentando que podrían acabar en la prensa.
Aunque el juez le da la razón en este punto, critica en su resolución que la decisión no esté fundamentada en términos jurídicos. Contra esta resolución cabe recurso de reforma y, posteriormente, de apelación, pero mientras tanto, las acusaciones pueden recoger las copias en el juzgado.
