El nuevo requerimiento del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez
El magistrado ha solicitado al Instituto de Empresa que justifique los pagos realizados a Begoña Gómez
El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación que rodea a Begoña Gómez, ha emitido un nuevo requerimiento que avanza la causa hacia una etapa clave.
El magistrado ha solicitado al Instituto de Empresa que justifique los pagos realizados a Gómez. Además de detallar las cuentas bancarias en las que fueron ingresados dichos montos. Este requerimiento se ha conocido tras la comparecencia de Sonsoles Gil de Antuñano, responsable de Recursos Humanos del IE, quien testificó en sede judicial.
Durante su declaración, Gil de Antuñano afirmó haber sido la responsable de redactar el contrato de Gómez. Aunque aclaró que no participó en su proceso de selección.
Según declaró, la contratación fue instruida por Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del IE y antiguo consejero en los gobiernos de Esperanza Aguirre.
Gómez, por su parte, se unió al Instituto de Empresa en 2018, liderando el África Center durante dos años. Ante esto, el juez Peinado ha solicitado que se esclarezca cómo se realizaron los pagos y en qué cuentas se depositaron. Esto con el fin de indagar más a fondo en la legalidad de estas transacciones.
Vínculos empresariales y posible tráfico de influencias
Otro aspecto relevante de la investigación gira en torno a los vínculos entre el África Center y empresas como Globalia. Manos Limpias, que inicialmente presentó la denuncia, sostiene que existió un acuerdo en el que Globalia entregaba 40,000 euros al año al África Center.
Además de 15,000 euros anuales en vuelos de primera clase para Gómez y su equipo. El juez ahora pretende determinar si estas relaciones empresariales podrían estar vinculadas a un caso de tráfico de influencias o corrupción.
Peinado ha tomado esta línea de investigación basándose en declaraciones previas del presidente del IE. Quien reveló que Gómez no tomó las riendas del África Center hasta que su marido asumió la presidencia del Gobierno. Esta conexión ha despertado sospechas sobre la naturaleza de su contratación y las implicaciones políticas detrás de los acuerdos.
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