El Gobierno de España repartió en 2025 un total de 23.116 millones de euros en contratos públicos mediante el procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, contratos adjudicados sin concurso público abierto. Se trata de la mayor cifra registrada hasta la fecha.
Los datos proceden de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, el organismo que vigila la contratación pública. Sus estadísticas confirman que 2025 marca un récord histórico en este tipo de adjudicaciones. Nunca antes se había movido tanto dinero mediante este sistema.
Este procedimiento permite que la administración invite directamente a ciertas empresas para negociar los contratos. No hay un concurso abierto donde todas las compañías puedan presentarse. En la práctica, significa que el Gobierno decide a qué empresas invita y a cuáles no.
Por eso, muchos de estos contratos se consideran adjudicaciones “a dedo”. Solo participan las empresas elegidas previamente por la administración. El resto de compañías ni siquiera tiene la oportunidad de competir.
Entre 2021 y 2025, la Administración General del Estado firmó 15.721 contratos o lotes mediante negociación directa. En total sumaron 36.727 millones de euros. Más del 60 % de todo ese dinero se adjudicó únicamente durante 2025.
Además, no se trata de contratos pequeños. El importe medio supera los 2,3 millones de euros por adjudicación. Son cantidades importantes de dinero público que se reparten mediante este sistema.
Dentro del total de la contratación pública estatal, estos contratos representan alrededor del 20 %. Desde 2021, el Estado ha licitado más de 190.000 millones de euros. Una parte relevante de ese dinero se ha adjudicado sin concurso público abierto.
El gran salto se produjo especialmente en la recta final de 2025. Según el panel estadístico del organismo supervisor, el mayor pico de adjudicaciones se registró en el último trimestre del año. Coincidió con un aumento de contratos vinculados a compras de armamento del Ministerio de Defensa de España.
Las cifras publicadas tampoco incluyen los contratos menores. Estos también se adjudican directamente, aunque con cantidades más bajas. Además, siguen otro procedimiento administrativo distinto.
Los organismos de control utilizan este tipo de datos para medir si hay competencia real en la contratación pública. Cuando los contratos se dan sin concurso, solo pueden participar las empresas invitadas. Esto reduce el número de ofertas posibles.
De hecho, distintos informes del Tribunal de Cuentas Europeo han advertido de este problema. Señalan que cuando hay menos competencia, el gasto público puede ser menos eficiente. La ley española establece que este procedimiento solo debería usarse en situaciones excepcionales, como urgencias o cuando solo existe un proveedor posible.
