El gobierno de Giorgia Meloni endurece las medidas contra la inmigración ilegal. Este decreto, que busca reforzar el control sobre la inmigración y aumentar las penas por ciertos delitos. Ha recibido el apoyo desde sectores que priorizan la seguridad.
Entre las medidas más se encuentra la prohibición a los inmigrantes en situación irregular de adquirir tarjetas SIM para móviles. Esto sin presentar un permiso de residencia. El gobierno defiende que este control es necesario para evitar el uso indebido de servicios que podrían facilitar actividades ilegales.
A nivel penal, el decreto también endurece las sanciones para aquellos que ocupen propiedades privadas o impidan el acceso a sus propietarios. Ahora, cualquier ocupación será castigada con penas de entre dos y siete años de cárcel, extendiéndose incluso a espacios como garajes o terrazas. Esta medida ha sido bien recibida por quienes defienden el derecho a la propiedad privada, pero es vista por la oposición como una criminalización excesiva de la pobreza.
Otro punto destacado es la penalización de las protestas pacíficas que interrumpen el tráfico en carreteras o vías férreas. Con penas de hasta dos años de cárcel. Esta disposición ha sido rápidamente bautizada por la oposición como el "decreto Anti-Gandhi", en referencia a la figura histórica del pacifismo.
