El gobierno de Giorgia Meloni endurece las medidas contra la inmigración ilegal. Este decreto, que busca reforzar el control sobre la inmigración y aumentar las penas por ciertos delitos. Ha recibido el apoyo desde sectores que priorizan la seguridad.
Entre las medidas más se encuentra la prohibición a los inmigrantes en situación irregular de adquirir tarjetas SIM para móviles. Esto sin presentar un permiso de residencia. El gobierno defiende que este control es necesario para evitar el uso indebido de servicios que podrían facilitar actividades ilegales.
as sanciones para quienes incumplan esta norma incluyen multas de hasta 10.000 euros
A nivel penal, el decreto también endurece las sanciones para aquellos que ocupen propiedades privadas o impidan el acceso a sus propietarios. Ahora, cualquier ocupación será castigada con penas de entre dos y siete años de cárcel, extendiéndose incluso a espacios como garajes o terrazas. Esta medida ha sido bien recibida por quienes defienden el derecho a la propiedad privada, pero es vista por la oposición como una criminalización excesiva de la pobreza.
Otro punto destacado es la penalización de las protestas pacíficas que interrumpen el tráfico en carreteras o vías férreas. Con penas de hasta dos años de cárcel. Esta disposición ha sido rápidamente bautizada por la oposición como el "decreto Anti-Gandhi", en referencia a la figura histórica del pacifismo.
El gobierno de Meloni ha defendido su postura, señalando que estas medidas son necesarias para restaurar el orden y la seguridad. La primera ministra ha destacado la disminución significativa en la llegada de inmigrantes por mar, especialmente desde Túnez, lo que considera un logro directo de sus políticas migratorias.
Las cifras muestran una caída del 82,5% en las llegadas desde el norte de África en 2024. Lo que refuerza su discurso de que Italia necesita medidas más estrictas para mantener el control.
Entre las medidas más se encuentra la prohibición a los inmigrantes en situación irregular de adquirir tarjetas SIM para móviles
No obstante, la política migratoria de Meloni no se limita a las costas italianas. El gobierno ha implementado restricciones severas para las ONG que operan en el Mediterráneo. Impidiendo que estas organizaciones humanitarias actúen sin previa notificación a las autoridades.
Las sanciones para quienes incumplan esta norma incluyen multas de hasta 10.000 euros. Además, la retención de las aeronaves utilizadas para la identificación de barcos de inmigrantes.
