El Gobierno ha vuelto a aplazar la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, en lo que ya se percibe como una dinámica recurrente. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido abiertamente que “se va a retrasar”, justificando la decisión en la prioridad de otras medidas urgentes. Entre ellas, el decreto ley vinculado al contexto internacional y la guerra, que el Ejecutivo sitúa ahora como argumento central para explicar el nuevo retraso.
Lejos de despejar dudas, las explicaciones del Gobierno refuerzan la sensación de falta de planificación. Montero ha defendido que:
El decreto ley que estamos en este momento abordando ha sido prioritario sobre otras negociaciones
Trasladando la idea de que la agenda internacional ha desplazado de nuevo uno de los pilares básicos de la política económica: la aprobación de las cuentas públicas.
Sin embargo, la insistencia en factores externos como justificación no oculta el problema de fondo. España sigue sin nuevos Presupuestos tras varios años de prórrogas, en un contexto en el que el Ejecutivo no logra consolidar una mayoría suficiente para aprobarlos. La guerra, en este escenario, emerge como un nuevo argumento en una lista creciente de motivos que han ido posponiendo las cuentas.
El Gobierno minimiza el retraso mientras incumple su propio calendario
Pese al incumplimiento del compromiso de presentar los Presupuestos antes de que finalice el primer trimestre, el Ejecutivo ha tratado de restar importancia al retraso. Montero ha asegurado que la demora será limitada a “una semana, una semana”, una explicación que no ha evitado las críticas por la reiteración de aplazamientos.
La vicepresidenta ha ido más allá al cuestionar la relevancia del debate sobre los plazos:
