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Mujer con abrigo beige y bufanda sosteniendo una carpeta negra y documentos, con un bolso verde, al fondo una pared de piedra y un recuadro muestra a un hombre de gafas y traje mirando hacia la izquierda.
POLÍTICA

Nuevo giro en el caso García Ortiz: la fiscal subordinada debe apartarse del cargo

García Ortiz obligado a apartar a su subordinada mientras se aferra a su cargo como fiscal general

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta a una situación complicada tras la apertura de un juicio oral contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Según informó Vozpópuli, García Ortiz deberá suspender a Rodríguez de sus funciones debido a las normativas internas de la Fiscalía.

Las que exigen apartar a cualquier fiscal cuando se inicia un proceso judicial en su contra. Sin embargo, el propio García Ortiz, también investigado, no está obligado a dimitir y parece decidido a mantenerse en su puesto.

Mujer de cabello largo y oscuro sentada con expresión seria, al fondo se observa un cartel con la palabra justicia y un recuadro circular muestra a un hombre de gafas y traje en lo que parece ser una sala de audiencias

El caso que involucra a Rodríguez se centra en acusaciones de presuntas irregularidades relacionadas con su gestión. El juez encargada del caso ha señalado un "patrón delictivo" en las actuaciones de la fiscal jefe. Lo que ha intensificado la presión sobre García Ortiz.

Este, como superior jerárquico, debe tomar la decisión de apartar a su subordinada, una medida que podría generar tensiones internas en la Fiscalía. A pesar de las críticas y de las investigaciones en su contra, García Ortiz ha optado por no renunciar, defendiendo su continuidad en el cargo.

La decisión de apartar a Rodríguez se percibe como un movimiento obligado para cumplir con los protocolos, pero también como un reflejo de las tensiones en el seno de la Fiscalía.

Por otro lado, el magistrado que lleva el caso ha advertido sobre posibles irregularidades similares en otros procedimientos,  lo que podría complicar aún más la situación de García Ortiz. El proceso judicial contra Rodríguez está en una fase inicial, pero su impacto ya se siente en la estructura de poder de la Fiscalía. Mientras tanto, la opinión pública sigue atenta a los próximos pasos de García Ortiz, quien deberá navegar entre las exigencias legales y las presiones políticas.

Un hombre con gafas y traje azul está de pie frente a un micrófono con una expresión seria, con un fondo rojo y una bandera detrás.

Este caso se suma a otras controversias recientes que han puesto en el punto de mira a la Fiscalía General. La apertura del juicio oral contra Rodríguez no solo afecta a su posición. También plantea preguntas sobre la estabilidad y la transparencia en una de las instituciones clave del sistema judicial español.

El Supremo procesa a Pilar Rodríguez

El Tribunal Supremo ha dado un paso decisivo en el caso que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Ambos están siendo investigados por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Según fuentes judiciales, el Supremo ha decidido procesar a García Ortiz, y el papel de Rodríguez en este caso ha cobrado especial relevancia.

Pilar Rodríguez, fiscal superior de Madrid, ha estado en el centro de la investigación desde que se conocieron los hechos. La causa se originó tras la filtración a los medios de  comunicación de un correo electrónico que desmentía un bulo relacionado  con el entorno de Ayuso. Este correo, según las pesquisas, contenía información confidencial.

La Guardia Civil, en un informe de 57 páginas, señaló que Rodríguez tuvo un rol relevante, ya que habría actuado bajo las órdenes de García Ortiz el día de la filtración.

Rodríguez ha negado en todo momento haber filtrado datos. En su declaración ante el Supremo, el pasado 30 de enero de 2025, aseguró que cumplió órdenes directas del fiscal general. Además, solicitó al tribunal que archive la causa en su contra, argumentando que no tuvo responsabilidad directa en la difusión de la información.

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