Nuevo giro en el caso de la exdirectora del Instituto de la Mujer y contratos del PSOE

La Guardia Civil ha solicitado intervenir las cuentas bancarias de las dos consultoras vinculadas a Isabel García. Se trata de la exdirectora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad.

Según ha publicado El Debate, los investigadores solicitan al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mislata que autorice la intervención. Esto para determinar si García obtuvo beneficios personales a partir de 64 contratos públicos otorgados por ayuntamientos del PSOE a sus empresas.

Recordemos que, tal y como explicó EDATV, el sindicato Manos Limpias presentó una denuncia en su contra y contra su pareja, Elisabeth García. Por presuntos delitos relacionados con la adjudicación de contratos públicos. Las acusaciones incluyen prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos, en relación con la gestión de los denominados "puntos violetas".

Manos Limpias argumenta que estas adjudicaciones se realizaron mientras Isabel García era directora del Instituto de las Mujeres. Además que su pareja, Elisabeth García, ocupaba un puesto de asesora en el Senado, lo que habría facilitado estas contrataciones.

Los llamados "puntos violetas" son locales que se dedican a la protección de mujeres que denuncian la violencia de género. Las compañías Elig Consultoría Política de Igualdad y Diversidad SL e Imber Consultoría de Igualdad están bajo investigación tras haber recibido un total de 64 contratos de distintos ayuntamientos del PSOE. Los investigadores se centran en averiguar si esta exalta funcionaria del gobierno obtuvo algún beneficio personal a través de dichos contratos.

García, que fue designada directora del Instituto de las Mujeres en diciembre de 2023, ha sido una figura polémica desde el inicio de su mandato.

Su nombramiento fue duramente criticado por sectores del propio Gobierno, como Sumar y Podemos. Así como por organizaciones LGTBI, debido a sus opiniones sobre la ley trans. Sin embargo, fueron sus negocios en el sector privado, compartidos con su pareja, Elisabeth García, los que finalmente precipitaron su destitución.

A pesar de las críticas,  Isabel García defendió en todo momento la legalidad de sus actuaciones. En un comunicado, aseguró que sus empresas no representaban un conflicto de intereses con su cargo público y que siempre había actuado de manera  "escrupulosa"  y dentro del marco legal.

Incluso redujo su participación en las empresas al 8% tras ser nombrada directora del Instituto de las Mujeres. En un intento por evitar cualquier incompatibilidad con su puesto gubernamental.