El nuevo desplante que ha protagonizado el Gobierno a la Constitución

El Gobierno debe hacer frente a una nueva polémica. El Ejecutivo de Sánchez argumenta que llevar al Congreso unos Presupuestos Generales sin haber alcanzado un acuerdo con los partidos que lo apoyan sería "hacer perder el tiempo" al organismo. La ley establece que es una obligación del Gobierno presentar su propuesta de presupuestos ante la Cámara, para que esta pueda someterla a votación.

Así lo ha asegurado Pilar Alegría en una rueda de prensa: "Hay que presentarlos de manera acordada", argumentaba. Mientras, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha defendido que el Gobierno no está incumpliendo la ley. 

Asegura que la Constitución también contempla lo que debe hacerse en caso de no aprobarse los presupuestos. En ese escenario, se procederá a la prórroga automática, como ha ocurrido cada 31 de diciembre desde que se aprobaron los últimos en 2022. Así, Bolaños, en su calidad de ministro de Justicia, niega que el Ejecutivo esté vulnerando la normativa.

Así lo asegura Vozpópuli.

Los ataques a la Constitución

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo lleva bastante tiempo persiguiendo una reducción en la jornada laboral. Más concretamente, que llegue a 37,5 horas.

Esta iniciativa presentada por Díaz ha traído un gran número de críticas. Tal y como destaca Vozpópuli, varios abogados laboristas cargan contra ella alegando que esta reforma es "inconstitucional". Aseguran que la reducción de la jornada laboral, según el medio, es un "terreno vedado a la negociación colectiva".

Este deseo de Díaz es, una "intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución". De esta manera, no solo Sánchez vulneró la Constitución con la Amnistía, ya que Yolanda Díaz podría estar haciéndolo también.

"La ministra ha dicho que quiere que se trabaje media hora menos al día, pero eso no lo puede hacer un legislador. El ordenamiento español garantiza el derecho a la negociación colectiva y eso impide la fijación de la jornada efectiva de trabajo por parte del legislador". Así lo explicó Federico Durán, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y abogado en Garrigues, según el medio.