El nuevo delito por el que el hermano de Sánchez también será acusado y una petición

Las acusaciones populares se preparan para ampliar su ofensiva legal contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. A los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, ahora añadirán el de malversación. Según LA RAZÓN, ya ultiman el escrito en el que pedirán juicio oral por esos tres delitos, basados en su contratación en 2017 como alto cargo en la Diputación de Badajoz.

En ese documento, las acusaciones, entre ellas el PP, Manos Limpias, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa, harán una petición. Solicitarán que David Sánchez devuelva todo el dinero cobrado de la Diputación.

Primero fue coordinador de conservatorios, y luego jefe de la Oficina de Artes Escénicas, un cargo que, según la jueza instructora Beatriz Biedma, se diseñó a su medida. Incluso se rodeó de personas de confianza como Luis Carrero, exasesor de Moncloa, cuya contratación también fue irregular, según la magistrada.

La acción popular pedirá que también se impute por malversación al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Líder del PSOE extremeño, además del propio David Sánchez.

Además, reclamarán que se obligue a David Sánchez a devolver los fondos supuestamente malversados. Y que la Seguridad Social elimine las cotizaciones que figuran a su nombre desde octubre de 2017 hasta febrero de este año. Día en el que renunció a su cargo en plena tormenta mediática por la investigación judicial.

Pese a todo, la jueza Biedma no lo ha procesado por malversación. Solo ve indicios de prevaricación y tráfico de influencias. Ha descartado también los delitos de fraude fiscal y enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, dejó una puerta abierta: explicó que su calificación jurídica no es definitiva. Y que “no vincula a las acusaciones, debiendo ser en los respectivos escritos de acusación donde se precise la misma”.

Por eso ahora las acusaciones populares –y también la Fiscalía– deberán concretar si solicitan juicio oral o el archivo del caso. Cabe recordar que el Ministerio Público ya recurrió sin éxito la imputación de David Sánchez.

En cuanto al posible delito de prevaricación, la jueza fue clara. Citando al Supremo, señaló que crear un puesto pensando en una persona concreta constituye prevaricación. Es ilegal porque “no se respetan los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad”, pilares básicos de toda contratación pública.

También añadió que aunque las resoluciones que permitieron su contratación estaban formalmente justificadas, habían sido dictadas. De manera más concreta por el órgano competente y se siguieron los trámites, “se dictaron de forma injusta y arbitraria”.

En otras palabras, se habría dado acceso a un puesto público de forma amañada. Según la instructora, David Sánchez fue beneficiado de un proceso que no respetó los mínimos constitucionales de objetividad e igualdad.

En relación con el tráfico de influencias

Sobre el tráfico de influencias, la jueza también señaló indicios claros. Afirmó que David Sánchez “habría utilizado influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio”. En concreto, consiguió que el puesto se ajustara a sus gustos: no ir a la oficina todos los días y podía centrarse en la ópera.

Además, logró que su colaborador en el proyecto Ópera Joven, Luis Carrero, fuera contratado por la Diputación. “La persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente” pasó a trabajar a su lado, en el mismo despacho. Carrero, que se refería a David como “hermanito”, accedió al cargo de responsable de actividades transfronterizas, creado ex profeso para él y adjudicado directamente.

La jueza también destacó que David Sánchez sabía de antemano que el puesto de coordinador de conservatorios había sido creado para él. “Se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento”, escribió la magistrada. Pero su trabajo real no coincidía con las funciones del cargo.

“Ni se ha prestado de forma habitual en Badajoz” ni cumplía lo estipulado en la memoria del puesto o en el contrato, explicó Biedma. “Fue eligiendo lo que quería hacer según sus propias preferencias y aspiraciones profesionales, en relación al Proyecto Ópera Joven”.

Y concluyó con un dato revelador: tras su excedencia entre octubre de 2020 y octubre de 2021, “nadie le sustituyó”. Al volver, “dejó de utilizar el despacho que tenía en el conservatorio superior, pues cuando llegó se lo encontró ocupado”. No tuvo despacho fijo hasta mayo de 2024, cuando comenzó a investigarse el caso.