Las acusaciones populares se preparan para ampliar su ofensiva legal contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. A los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, ahora añadirán el de malversación. Según LA RAZÓN, ya ultiman el escrito en el que pedirán juicio oral por esos tres delitos, basados en su contratación en 2017 como alto cargo en la Diputación de Badajoz.
En ese documento, las acusaciones, entre ellas el PP, Manos Limpias, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa, harán una petición. Solicitarán que David Sánchez devuelva todo el dinero cobrado de la Diputación.
Primero fue coordinador de conservatorios, y luego jefe de la Oficina de Artes Escénicas, un cargo que, según la jueza instructora Beatriz Biedma, se diseñó a su medida. Incluso se rodeó de personas de confianza como Luis Carrero, exasesor de Moncloa, cuya contratación también fue irregular, según la magistrada.
La acción popular pedirá que también se impute por malversación al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Líder del PSOE extremeño, además del propio David Sánchez.
Además, reclamarán que se obligue a David Sánchez a devolver los fondos supuestamente malversados. Y que la Seguridad Social elimine las cotizaciones que figuran a su nombre desde octubre de 2017 hasta febrero de este año. Día en el que renunció a su cargo en plena tormenta mediática por la investigación judicial.
Pese a todo, la jueza Biedma no lo ha procesado por malversación. Solo ve indicios de prevaricación y tráfico de influencias. Ha descartado también los delitos de fraude fiscal y enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, dejó una puerta abierta: explicó que su calificación jurídica no es definitiva. Y que “no vincula a las acusaciones, debiendo ser en los respectivos escritos de acusación donde se precise la misma”.
