Mes y medio después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio, la crisis migratoria de Ceuta ha entrado en una segunda fase. La frontera ha dejado paso a los despachos. Y las cifras facilitadas este martes por el Gobierno revelan un enorme cuello de botella administrativo, especialmente en el caso de los menores.
El Ejecutivo cifra ya en 2.048 los menores identificados en Ceuta, de los cuales 1.612 corresponden a las llegadas producidas desde el 30 de julio. Sin embargo, únicamente se han iniciado 10 expedientes individualizados. Es decir, menos del 0,5% respecto al número de menores ya filiados. El Gobierno calcula, además, que todavía permanecen entre 700 y 1.000 menores en las calles pendientes de identificación y acogida.
Las cifras de Ceuta mes y medio después: solo 10 expedientes iniciados a menores, 1.822 triajes a migrantes adultos
La fotografía es muy distinta entre los adultos. Hasta este martes se habían efectuado 1.822 triajes, dentro del proceso de identificación y estudio de las circunstancias de cada migrante. También se contabilizan 307 expulsiones vinculadas a personas que cometieron delitos y contaban con autorización judicial.
El atasco que comienza después de la frontera
El problema con los menores está ahora en el procedimiento. El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, aplicable desde el pasado 12 de junio, refuerza las garantías de los menores no acompañados y obliga a proporcionarles representación durante distintos trámites. La normativa europea establece además que el representante debe ser nombrado con rapidez.
Ángel Víctor Torres reconoció que los primeros expedientes comenzaron a tramitarse este lunes, una vez articulada la asistencia necesaria. El Gobierno quiere completar esos procedimientos para intentar la reagrupación familiar con Marruecos.
La paradoja es que identificar ya no significa resolver. Ceuta ha conseguido avanzar en la filiación y en la creación de plazas de acogida, pero tiene ahora por delante miles de procedimientos individuales sometidos a garantías jurídicas. El propio Pedro Sánchez ya ha situado a finales de año el horizonte para estabilizar la situación.
La emergencia que comenzó en el Tarajal corre ahora el riesgo de quedar atrapada durante meses entre expedientes, entrevistas, abogados y resoluciones administrativas.
