
La nueva promesa de Trump: un año de cárcel si queman la bandera de Estados Unidos
Las encuestas dicen que el 59% de los estadounidenses consideran que "jamás" debería ser aceptable quemar una bandera
Donald Trump ha vuelto a colocar la bandera en el centro del debate político en Estados Unidos. El expresidente firmó una orden ejecutiva en la que insta a la Fiscalía a perseguir a quienes quemen la enseña nacional.
No se limita a una advertencia. Lo dejó claro en rueda de prensa: “Quemas una bandera, un año de cárcel”.
El gesto busca reforzar su imagen de líder firme. La bandera, dijo, es “el símbolo más sagrado y preciado de Estados Unidos”.
Para Trump, representa libertad, identidad y fuerza. Recordó que miles de patriotas murieron por ella a lo largo de casi dos siglos y medio de historia.

En su mandato, la fiscal general Pam Bondi deberá priorizar los procesos contra quienes profanen la enseña. El propio Trump justificó la medida porque “están quemando banderas por todo el país”. Considera que ese acto es un desprecio contra la nación y un riesgo de disturbios.
La iniciativa no está exenta de polémica. El Supremo de Estados Unidos sentenció en 1989 que quemar la bandera es un acto protegido por la Primera Enmienda.
La jurisprudencia lo reconoce como expresión política. Eso complica a la Fiscalía, que deberá encajar los casos en tipos penales como alteración del orden público o daños medioambientales.
Aun así, la propuesta conecta con buena parte de la opinión pública. Un 59 % de los estadounidenses cree que nunca debería permitirse la quema de la bandera en una protesta. Trump explota ese respaldo y se presenta como el guardián de los símbolos patrios.
La situación contrasta con España. Aquí, quemar la bandera española se ha convertido en un gesto recurrente de los sectores más radicales del independentismo.
En manifestaciones de la Diada o en actos separatistas se han visto banderas ardiendo entre gritos y cánticos. Lejos de ser un delito claro, la justicia española suele archivar los casos o enmarcarlos en la libertad de expresión.
El Tribunal Constitucional y Supremo han avalado que actos como la quema de fotos del Rey o de la bandera se lean como expresiones políticas. Se castigan solo si hay incitación directa a la violencia. El resultado: impunidad en la práctica.

Para los independentistas, quemar la enseña rojigualda es un símbolo de rechazo a lo que llaman “Estado opresor”. Lo exhiben en redes sociales y medios afines como un acto de desafío. No lo esconden, lo celebran.
La comparación es evidente. En Estados Unidos, el presidente promete cárcel a quien prenda fuego a su bandera. En España, los que lo hacen con la bandera nacional presumen de ello sin temor a consecuencias reales.
Trump busca blindar el respeto a los símbolos como parte de su campaña. En España, los símbolos se erosionan entre la permisividad judicial y el silencio político. Dos países, dos visiones opuestas sobre el valor de una bandera.
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