El juez Peinado también ha solicitado a la UCO que presente un informe de la documentación aportada por la SEPI
El caso que involucra a Begoña Gómez, sigue en el centro de la atención judicial. El Juez Juan Carlos Peinado, ha emitido una nueva solicitud a la Universidad Complutense de Madrid.
En el marco de la investigación sobre la cátedra de Transformación Social Competitiva, un proyecto en el que Gómez desempeñó un papel destacado. La petición busca aclarar las contradicciones en torno al número de alumnos matriculados y a los fondos asignados a dicha cátedra.
La investigación ha revelado discrepancias significativas entre los testimonios de los implicados y la información presentada por la propia Gómez. En un dossier enviado a uno de los patrocinadores del máster, Gómez afirmó que el curso había contado con 248 alumnos. Sin embargo, durante las declaraciones de varios testigos, la cifra ha sido cuestionada, arrojando dudas sobre la veracidad de los datos y el propósito real de la cátedra.
Uno de los puntos centrales en la investigación gira en torno al número de estudiantes que participaron en la cátedra. Luis Miguel Ciprés, un profesor del máster que impartió clases durante varias ediciones. Declaró ante el juez que sus clases contaban con un promedio de entre 10 y 15 alumnos por año.
Este testimonio contradice las cifras proporcionadas por Begoña Gómez, quien en documentos oficiales afirmaba que el programa había tenido hasta 248 alumnos en total.
La diferencia en las cifras genera una preocupación por la transparencia del proyecto y su viabilidad. Especialmente considerando que la cátedra fue financiada, en parte, por patrocinadores como Fundación laCaixa y Reale.
Estos organismos basaron su respaldo en la información proporcionada por la Universidad Complutense. Lo que ha llevado al juez Peinado a solicitar la "relación de alumnos matriculados y asistentes a cada una de las ediciones" del máster.
Otro aspecto relevante en la investigación se relaciona con los pagos recibidos por los profesores y la directora de la cátedra, Begoña Gómez. El juez ha solicitado detalles sobre las cantidades pagadas a todos los implicados en la cátedra, incluidos los números de cuentas corrientes beneficiarias. Entre los pagos investigados están los destinados a la propia Gómez, al profesor Ruano y otros docentes que participaron en el máster.
Luis Miguel Ciprés declaró que por su trabajo en el máster recibía entre 900 y 1.500 euros anuales. Lo que nuevamente genera dudas sobre la magnitud y el impacto del programa. Que si se compara con el número reducido de alumnos que él mismo mencionó.
Otro aspecto bajo escrutinio es el rol de Pedro Sánchez en la creación de la cátedra. Testimonios recogidos durante la investigación sugieren que varios contactos clave para obtener los patrocinios del máster.
Estos surgieron de la red de amistades del presidente del Gobierno. Se especula que Sánchez habría facilitado el apoyo necesario para lanzar el proyecto. A través de reuniones gestionadas en la Moncloa, la residencia oficial del presidente.
Testigos vinculados al proceso de obtención de fondos, como representantes de la Fundación laCaixa y Reale. Señalaron que los patrocinadores se sintieron respaldados por la garantía que ofrecía la Universidad Complutense. Aunque algunos han manifestado su sorpresa ante las diferencias en los números de estudiantes.
El juez Peinado también ha solicitado a la UCO que presente un informe relacionado con la documentación aportada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en julio. La UCO ha estado analizando la evolución del caso para identificar posibles irregularidades en los documentos presentados por la SEPI y la Universidad Complutense.
Este informe será crucial para clarificar las dudas surgidas en torno a la legalidad de las operaciones realizadas por la cátedra. Además de determinar si existen responsabilidades penales en el manejo de los fondos y en la gestión del máster.
