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Tres personas en trajes formales con un fondo de vías de tren y una estructura moderna.
POLÍTICA

Esta es la señalada como contacto de la empresa del 'caso Koldo' que crea polémica

La declaración de Miranda apunta a Isabel Pardo de Vera como clave en la contratación de Soluciones de Gestión en Adif

En el marco del caso Koldo, el exjefe de personal de Adif, Michaux Miranda, declaró este jueves ante el juez. En su declaración afirmaba, que fue la entonces presidenta de Adif,  Isabel Pardo de Vera, quien le proporcionó el contacto de Soluciones de Gestión.

Esta empresa  se encuentra investigada  por su participación en la compra  de mascarillas durante la pandemia. Esta declaración, revelada por Europa Press, supone un giro en las investigaciones  por posibles irregularidades  en la adjudicación de contratos públicos.

Durante esta misma semana, Guillermo Martínez, exsecretario del Consejo de Administración de Adif, testificó ante el juez  que la decisión de firmar con Soluciones de Gestión había sido de Miranda. Este, según su relato, informó  sobre dicha operación a  Pardo de Vera.

Mujer con chaqueta blanca y micrófono de diadema sonriendo en un evento.

Las declaraciones de ambos exdirectivos reflejan una serie de contradicciones y responsabilidades cruzadas en torno a la compra de ocho millones de mascarillas. Algo que genera más interrogantes en el caso.

Michaux Miranda, en su comparecencia, limitó sus respuestas a las preguntas de su defensa y de la Fiscalía. Además, aprovechó para criticar la auditoría interna llevada a cabo por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, calificándola como un "despropósito".

Su testimonio ante el juez contrasta con sus declaraciones en mayo de este mismo año, cuando compareció ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. En esa ocasión, Miranda había eximido a Pardo de Vera de responsabilidad, asegurando que no recordaba presiones por parte de la presidenta de Adif.

Este caso ha puesto en el foco la gestión de la compra de mascarillas durante la pandemia. Una orden ministerial firmada por el exministro de Transportes Ábalos, fue clave para duplicar la compra de mascarillas a ocho millones en un tiempo récord.

Los detalles de esa operación han suscitado gran controversia. Especialmente porque el monto de la compra ascendió a 12,5 millones de euros, cifra que ha generado sospechas sobre posibles irregularidades y favorecimiento en la adjudicación de contratos.

¿Quién facilitó el teléfono a Totaeche?

Este jueves también declaró Daniel Belmar, exalto cargo del Ministerio del Interior que ocupó la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad. Belmar explicó que fue su superior, José Antonio Rodríguez, conocido como 'Lenin', quien le habló por primera vez de Soluciones de Gestión.

Además, le facilitó el contacto de Íñigo Rotaeche, director ejecutivo de la empresa investigada. Belmar también subrayó que el Ministerio del Interior no realizó pagos anticipados por la compra de mascarillas, ya que la ley lo prohibía.

El caso Koldo investiga ocho contratos adjudicados durante la pandemia por la Administración Pública, con un valor total de casi 52 millones de euros. Entre los principales investigados se encuentra Koldo García, exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos, junto a otras figuras clave en la presunta trama.

La Fiscalía Anticorrupción ha imputado en el caso delitos graves, como organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda y tráfico de influencias. La principal hipótesis apunta a que la trama habría pagado comisiones para asegurarse las adjudicaciones de contratos relacionados con la venta de mascarillas.

Un hombre de traje y corbata se inclina hacia adelante en una mesa de conferencia con un micrófono y documentos frente a él, con un fondo de texto en la pared.

El juez a cargo de la instrucción, Ismael Moreno, continúa tomando declaraciones y recabando pruebas para esclarecer las responsabilidades en este escándalo. En el centro de las investigaciones está la empresa Soluciones de Gestión. Dicha empresa se habría beneficiado de estas adjudicaciones durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria.

Las autoridades judiciales buscan determinar hasta qué punto las decisiones políticas influyeron en la rápida asignación de contratos millonarios. Así como el posible pago de comisiones a intermediarios para facilitar dichas operaciones.

A medida que avanzan las investigaciones, surgen nuevas preguntas sobre la gestión de la pandemia y la transparencia en la adjudicación de contratos. Este caso no solo pone en el foco a antiguos cargos de Adif y del Ministerio de Transportes, también arroja dudas sobre la supervisión de las compras públicas. La falta de claridad y las contradicciones en las declaraciones de los investigados complica aún más el panorama judicial en torno al caso Koldo.

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