La nueva ley de Mónica García puede provocar desabastecimiento de medicamentos

El nuevo anteproyecto de ley de Mónica García ha generado inquietud en el sector farmacéutico por su impacto en el suministro de fármacos. La norma, aprobada el 8 de abril, regula los precios de medicamentos sin patente y se ha tramitado por urgencia en el Congreso.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid alertan que “puede poner en riesgo el abastecimiento de medicamentos en farmacias”. La nueva ley afectaría especialmente a los precios seleccionados en función de las ofertas que presentan las compañías farmacéuticas.

Esta medida, según expertos del sector, podría comprometer la sostenibilidad de farmacias y del tejido industrial farmacéutico nacional. El Gobierno estima un ahorro de 1.300 millones de euros con esta normativa, que también busca impulsar transparencia e innovación.

Sin embargo, farmacéuticos advierten que el sistema propuesto amenaza la estabilidad de la red de farmacias en toda España.

El COFM recuerda que actualmente hay 779 incidencias activas por problemas de suministro registradas en el sistema CIMA.

Aunque la mayoría de incidencias no se prolongan, se teme que esta ley agrave la situación y afecte tratamientos esenciales. En la práctica, esta legislación permitiría a los farmacéuticos dispensar tratamientos crónicos sin nuevas recetas médicas.

Además, se ampliaría la gama de medicamentos alternativos disponibles, lo que reforzaría el papel asistencial del farmacéutico. Pese a estos beneficios, la falta de diálogo con las Comunidades Autónomas ha encendido las críticas políticas.

Gobiernos autonómicos del PP acusan a Sanidad de imponer la ley sin consenso ni consulta con las partes implicadas.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso calificó el texto legal de “falta de rigor técnico y jurídico” en su última visita a Normon.

Ayuso afirmó que la ley puede comprometer el modelo de medicamentos genéricos y generar una grave confrontación sanitaria. También advirtió que favorecería a terceros países en perjuicio de la industria farmacéutica española ya consolidada.

Farmaindustria y el Consejo General de Farmacéuticos han mostrado su preocupación por los efectos de esta reforma urgente.

Según estas entidades, el nuevo sistema de precios seleccionados puede romper la cadena de suministro en plena demanda.

Ayuso propuso acelerar los plazos para los fármacos exclusivos imprescindibles, evitando esperas de hasta 600 días en España. La presidenta regional pidió reducir trabas administrativas y priorizar la salud por encima de la burocracia estatal impuesta.

Organizaciones del sector denuncian que la ley se ha redactado sin considerar el impacto real en las farmacias de barrio.