La nueva investigación que plantea la UCO para Ábalos tras el último informe

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vuelto a situar a José Luis Ábalos en el centro de sus investigaciones. Según revela Vozpópuli, los agentes apuntan a que el exministro podría haberse beneficiado de diversas fuentes de ingresos irregulares. Esto podría derivar en una nueva investigación para determinar si obtuvo ventajas económicas procedentes de actividades delictivas.

Por el momento, no existe confirmación oficial al respecto. Cabe recordar que el último informe de la UCO coincide con el momento en que Ábalos recibió del PSOE el mayor pago en efectivo registrado hasta la fecha: 3.118,31 euros. Se trata de una cantidad que superaba el límite de 2.500 euros establecido por la ley antiblanqueo vigente entonces.

El documento detalla que, entre mayo y julio de 2018, el PSOE entregó al exministro casi 7.700 euros en metálico. Supuestamente en concepto de reembolsos por gastos. Sin embargo, la cuantía de esos pagos ha despertado sospechas sobre la gestión económica del partido durante ese periodo.

De acuerdo con la investigación, las principales fuentes de ingresos no declarados de Ábalos habrían sido los pagos mensuales procedentes de Víctor de Aldama. También los beneficios generados por contratos de obra pública relacionados con Santos Cerdán.

El informe también recoge un intercambio de mensajes entre Cerdán y Koldo García, exasesor implicado en la trama de contratos bajo investigación. El 16 de junio, Cerdán habría escrito a Koldo: “Se han hecho varios nombramientos; si no conseguimos colocar a alguien, nada será posible”. A lo que Koldo respondió: “OK, estoy con él (Ábalos), te llamo en un rato”.

Estos mensajes fueron extraídos de los teléfonos analizados por la UCO. Coinciden con las fechas en las que Ábalos recibió los pagos en efectivo. También consolidaba su posición como uno de los hombres fuertes del nuevo Gobierno.

Actualmente, el exministro está siendo investigado por el alto tribunal por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

La pesquisa abarca, entre otros aspectos, presuntas manipulaciones en la concesión de proyectos de obra pública a las empresas Acciona, Servinabar, OPR y Levantina. También acuerdos para el suministro de material sanitario con empresarios vinculados a Víctor de Aldama.