
La nueva exigencia de los etarras que pone contra las cuerdas a Pedro Sánchez
Una nueva solicitud de los defensores de los etarras pone en la mira al Gobierno de Sánchez
Sare, organización defensora de los presos de ETA, exige la liberación total de unos 150 reclusos etarras antes del 20 de octubre de 2026. Esta fecha marca el 15º aniversario del cese definitivo de la actividad armada de ETA. La demanda ha desatado polémica y críticas de asociaciones de víctimas del terrorismo.
Sare argumenta que los presos, a los que llama “presos vascos”, enfrentan “leyes de excepción”. Piden aplicar la legislación penitenciaria ordinaria, incluyendo el tercer grado.

Esto permitiría a los reclusos estar en semilibertad o acceder a la libertad condicional. Para presionar, Sare planea actos en el País Vasco y Navarra los días 17 y 18 de mayo.
La exigencia surge tras el fin de la dispersión de presos. Ahora, todos cumplen condena cerca del País Vasco y Navarra. Esta medida, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez con apoyo de EH Bildu, ha sido cuestionada.
La AVT denuncia que es un paso hacia excarcelaciones masivas. Citaron el caso de Juan Jesús Narváez, cuya progresión a tercer grado fue recurrida por la Fiscalía.
El debate crece con la reforma de la ley 7/2014, aprobada en 2024. Esta podría reducir penas de unos 40 etarras, como Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, condenado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. PP y Vox critican la reforma y alegan que no conocían sus efectos.

Sare, apoyada por EH Bildu, insiste en que liberar a los presos cerrará “una época trágica”. Sin embargo, las víctimas del terrorismo creen que estas demandas ignoran su dolor.
El tema divide a la sociedad española. Las posturas enfrentadas entre quienes buscan reconciliación y quienes exigen justicia seguirán marcando el debate.
La campaña de Sare busca apoyo social. Las víctimas, en cambio, piden que no se olvide el daño causado por ETA. El Gobierno enfrenta un equilibrio difícil.
Esto, ya que debe responder a las demandas de sus socios sin alienar a quienes ven estas medidas como una traición a la memoria de las víctimas.
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