El magistrado podría imputar al ministro socialista tras su declaración
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, expresó ayer sus sospechas sobre las "contradicciones" en el testimonio del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Esto, en relación con la contratación de Cristina Álvarez como asesora en La Moncloa.
La diligencia, que se prolongó más de dos horas en el complejo presidencial, se centró en una posible malversación en el nombramiento de Álvarez, investigado en una pieza separada.
Bolaños, citado como testigo, se desvinculó de la contratación de Álvarez en julio de 2018. Esto, afirmando que el trámite correspondía al vicesecretario de Presidencia y que no conocía a la asesora en ese momento.
Sin embargo, el magistrado cuestionó su respuesta tras confrontarla con la declaración del vicesecretario Alfredo González, quien señaló a Bolaños como posible responsable. El juez reprochó al ministro su ambigua respuesta inicial ("creo que sí") y le exigió claridad. Así, considerando que sus explicaciones contradecían las de su subordinado.
Esta discrepancia llevó a Peinado a advertir sobre posibles diligencias futuras, interpretadas por los letrados presentes como un eventual careo entre ambos.
El juez también mostró su insatisfacción cuando Bolaños no pudo precisar quién era el jefe directo de Álvarez. Tras una suspensión de media hora para que el ministro lo averiguara, Bolaños indicó que Raúl Díaz Silva, responsable de coordinación del personal en La Moncloa, ya había informado al juzgado. Según Bolaños, Díaz dio explicaciones sobre las labores de la asesora, descritas como tareas logísticas y organizativas para Begoña Gómez, basadas en la confianza.
Bolaños defendió la legalidad del nombramiento, asegurando que se siguieron todos los trámites reglamentarios y comparando el caso con el de otras esposas de presidentes, que también contaron con asesores. Sin embargo, el juez interrumpió esta línea de argumentación, subrayando que no era relevante para la investigación.
La declaración, marcada por momentos de tensión, se celebró tras un acuerdo entre el juez y Bolaños para realizarla en La Moncloa. Esto, por motivos de seguridad, aunque Peinado impuso condiciones, como rechazar la presencia de un policía en el vehículo oficial que lo trasladó.
La presencia de la defensa, el fiscal y la abogada de Vox, en representación de las acusaciones populares, añadió peso a una diligencia. La que refuerza las sospechas del juez sobre las irregularidades en la contratación.
El magistrado, que no puede investigar directamente a Bolaños por su aforamiento ante el Tribunal Supremo, podría proponer al Alto Tribunal que abra una causa. Esto, si considera que las contradicciones son graves.
Este episodio intensifica el escrutinio judicial sobre el entorno del presidente del Gobierno y pone en el foco las decisiones administrativas en La Moncloa.
