La nueva denuncia que acorrala a 'Tito Berni', exdiputado socialista

El Partido Socialista se encuentra entre la espada y la pared tras las informaciones que Víctor de Aldama está haciendo saber. Sin embargo, Pedro Sánchez no solo debe hacer frente a esta situación. También se tiene que enfrentar a la situación nacida tras las irregularidades ocurridas con su mujer, Begoña Gómez, y David Sánchez, hermano del presidente.

Sin embargo, ha nacido una macrodenuncia que ha descolocado a la formación socialista. Tal y como informó EDATV en exclusiva, se presentó una 'macrodenuncia' en el Tribunal Supremo por presunta "organización criminal por los delitos de un número por ahora indeterminado". 

La macrodenuncia ha sido presentada por Manuel Romeral Frías, presidente de la Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción. En el documento, al que este medio ha tenido acceso, se detallan los delitos que motivan la demanda. Se trata de una extensa lista en la que figuran casi todos los altos funcionarios del Gobierno de Sánchez.

Destaca la aparición del mediador de la trama corrupta del exdiputado socialista: Marco Antonio Navarro Tacoronte. Como señala el documento, "el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, mantuvo reuniones en su despacho con el mediador de la trama corrupta del exdiputado socialista".

"Las conversaciones publicadas tras la investigación apuntan a que este ex alto cargo podría haber intermediado para favorecer a empresarios de la trama. La investigación de la Guardia Civil incorporada al sumario del 'caso Mediador', recoge una conversación del 1 de marzo de 2021 entre Domínguez y Tacoronte", señala el auto. Supuestamente, "donde este último intentó que no se retirase una subvención a una quesería (Montesdeoca).

Supuestamente, en aquel entonces, Víctor Torres entró en escena escribiendo al mediador alegando que echarían una mano a la compañía. "Que lo recurra bien, justificando, y le echaremos una mano", alegó supuestamente.

Presuntamente, la trama del exdiputado operaba para que empresarios "accedieran a subvenciones públicas o evitasen sanciones administrativas a cambio de mordidas", según el documento.

En el documento aseguran que, la organización criminal,  aprovechándose de sus influencias y posición en el Gobierno, así como en las administraciones públicas, operaba principalmente en contrataciones de carácter público.

Subrayan que, supuestamente, pre-adjudicaban contratos a empresas privadas, obteniendo a cambio mordidas o retribuciones en especie, como alquileres de vivienda. 

Además, aseguran que, presuntamente,  operaban con ayudas y subvenciones para familiares y empresas allegadas a la organización, con el objetivo de  influenciar en decisiones de su interés.

Asimismo, señalan que la organización criminal también dispone de una red de empresas pantalla y entidades financieras para el movimiento y blanqueo de capitales en diversos paraísos fiscales alrededor del mundo.