Los socialistas recuperan compromisos incluidos en sus programas de 2019 y 2023, como la abolición de la prostitución, la eliminación de aforamientos o la educación gratuita de 0 a 3 años
El PSOE de Pedro Sánchez vuelve a recurrir a compromisos electorales pendientes de legislaturas anteriores para intentar mantenerse en La Moncloa tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Su nuevo programa, presentado este domingo, contiene 500 propuestas distribuidas en 114 páginas, pero una parte de ellas ya figuraba en los documentos con los que los socialistas concurrieron a las urnas en 2019 y 2023.
Según publica Vozpópuli, más de una veintena de las medidas anunciadas por el partido ya habían sido prometidas en anteriores campañas sin que, hasta el momento, se hayan materializado completamente. Algunas acumulan hasta siete años de retraso, pese a que Sánchez ha permanecido al frente del Gobierno durante este periodo.
Entre los compromisos recuperados destaca la intención de situar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima del 60% del salario medio. Esta aspiración aparecía en el programa de 2019 y volvió a incorporarse al de 2023. Ahora, los socialistas plantean establecer por ley ese porcentaje, aunque, según los datos del INE citados por el mencionado medio, el indicador continúa por debajo del 58%.
El ámbito laboral concentra otras iniciativas que siguen sin completarse. Es el caso del Estatuto del Becario, anunciado hace siete años y recuperado nuevamente en esta campaña. Su aprobación ha quedado bloqueada por las diferencias políticas y la ausencia de apoyos parlamentarios suficientes. Una situación parecida afecta al Estatuto del Artista, cuyo desarrollo continúa pendiente pese a los avances parciales registrados.
El ámbito laboral concentra otras iniciativas que siguen sin completarse
Otro de los asuntos que el PSOE vuelve a incluir en su programa es la abolición de la prostitución. La formación ya defendía esta medida en 2019 y 2023, pero ahora propone impulsar una ley orgánica específica que persiga el proxenetismo y reconozca derechos a las víctimas. Las discrepancias con sus socios parlamentarios han dificultado durante estos años la aprobación de una regulación de estas características.
La eliminación de determinados aforamientos también figura entre las promesas recuperadas. Sánchez se comprometió en 2019 a restringir esta protección jurídica a las actuaciones relacionadas con el ejercicio de responsabilidades públicas. Sin embargo, la reforma continúa sin llevarse a cabo, pese a haber sido reiterada en sucesivas convocatorias electorales.
En materia educativa, los socialistas insisten en extender la educación de 0 a 3 años a toda la población infantil, una iniciativa que ya defendían en sus anteriores programas. También vuelven a plantear medidas contra la intermediación en la gestación subrogada y la incorporación de contenidos afectivo-sexuales en las diferentes etapas educativas.
La lista de compromisos pendientes incluye igualmente numerosas reformas legislativas. Entre ellas aparecen una nueva regulación de los servicios sociales, una ley de familias, una normativa contra la trata de seres humanos y otra destinada a regular la actividad de los grupos de interés.
A estas iniciativas se suman modificaciones relacionadas con la legislación industrial, la prevención de riesgos laborales y las competencias de las administraciones municipales. También permanece pendiente una reforma profunda del procedimiento penal, marcada por la controversia sobre la posibilidad de trasladar a los fiscales las funciones de investigación que actualmente desempeñan los jueces de instrucción.
La creación de nuevos organismos públicos constituye otro de los compromisos que se repiten desde 2019. Entre los proyectos anunciados aparecen la Autoridad de Protección del Cliente Financiero y la Oficina de Derechos de Autor, cuya puesta en funcionamiento sigue sin completarse.
El programa socialista también recupera medidas anunciadas más recientemente, durante la campaña de 2023. Destacan la transformación del Valle de Cuelgamuros mediante un centro de interpretación, la puesta en marcha de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y el establecimiento de una prestación estatal para familias con menores.
Asimismo, el PSOE vuelve a comprometerse con una Ley de Función Pública, después de que los anteriores intentos legislativos quedaran interrumpidos por las convocatorias electorales.