El PSOE dedica apenas media página de su programa electoral a la lucha contra la corrupción después de una legislatura marcada por las investigaciones judiciales y dos planes que no han culminado en las reformas anunciadas
Pedro Sánchez afronta las elecciones del 29 de noviembre con una asignatura especialmente incómoda: la lucha contra la corrupción. Después de presentar dos grandes planes destinados a reforzar la transparencia institucional, el Gobierno llega al final de la legislatura sin haber conseguido convertir en leyes las principales reformas anunciadas. El balance contrasta con la importancia que el propio Ejecutivo había otorgado a estas iniciativas cuando las presentó públicamente.
Las cifras reflejan la distancia entre los anuncios y los resultados legislativos. El Plan de Acción por la Democracia de 2024 contemplaba 31 medidas, mientras que el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción de 2025 incorporó otras 15. En total, 46 compromisos cuya ejecución legislativa ha quedado pendiente, pese a que algunas de las iniciativas llegaron al Congreso.
La contradicción resulta todavía más llamativa al examinar el nuevo programa electoral socialista. De sus 114 páginas, apenas media se dedica específicamente a la transparencia y la integridad pública. Además, varias propuestas recuperan reformas que Sánchez ya había anunciado durante esta legislatura, como la creación de una agencia independiente, la regulación de los grupos de interés y el refuerzo de la fiscalización del dinero público.
El resultado plantea una pregunta difícil para el presidente: por qué los ciudadanos deberían confiar en una nueva promesa anticorrupción cuando las reformas anteriores siguen sin entrar en vigor.
Pedro Sánchez incumple sus 46 promesas contra la corrupción: ni una sola de las reformas ha llegado al BOE
Dos planes anticorrupción que terminan atrapados en el Congreso
La Ley Orgánica de Integridad Pública se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de los compromisos pendientes del Ejecutivo. El Gobierno aprobó su proyecto en julio de 2026 y lo remitió al Congreso, pero la tramitación parlamentaria no ha culminado con su entrada en vigor.
La situación afecta también a otras iniciativas, como la regulación de los lobbies, la reforma de la Ley de Información Clasificada o los cambios previstos en materia de publicidad institucional. El Gobierno anunció una transformación del sistema de transparencia, pero varias de sus principales herramientas legales continúan pendientes.
Especialmente relevante es la reforma de la financiación de los partidos políticos. Entre las medidas planteadas figuraban mayores obligaciones de auditoría, controles sobre las donaciones y restricciones al uso de dinero en efectivo.
La falta de resultados adquiere especial trascendencia por las investigaciones judiciales que han afectado al entorno político del PSOE, entre ellas las relacionadas con José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Estas causas, cuya resolución corresponde a los tribunales, han situado la integridad institucional en el centro del debate público.
Sin embargo, el Gobierno no ha logrado aprobar buena parte de los cambios legales que presentó como respuesta a ese escenario. La diferencia entre aprobar un plan en el Consejo de Ministros y conseguir que sus reformas entren en vigor se ha convertido en el principal problema de credibilidad de su balance anticorrupción.
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Sánchez vuelve a pedir confianza para aprobar lo que ya había prometido
El nuevo programa electoral del PSOE recupera compromisos que llevan años formando parte del discurso de Sánchez. Entre ellos aparecen la Ley Orgánica de Integridad Pública, una agencia independiente de supervisión y una nueva regulación de los grupos de interés.
También promete reforzar el control de la contratación pública, las subvenciones y la financiación política. Son propuestas recogidas en el apartado de transparencia del programa presentado para las elecciones del 29 de noviembre.
El Ejecutivo atribuye parte de las dificultades legislativas a su falta de mayoría parlamentaria. No obstante, esa explicación no elimina la responsabilidad política de haber anunciado reformas sin conseguir los apoyos necesarios para convertirlas en leyes.
La situación evidencia una contradicción entre la prioridad que Sánchez ha concedido públicamente a la regeneración democrática y los resultados obtenidos. Mientras el presidente reivindica su compromiso con la transparencia, algunas de las reformas más importantes siguen pendientes de aprobación.
La gran incógnita ya no es qué medidas contra la corrupción promete Sánchez, sino por qué tantas de las que anunció anteriormente continúan sin convertirse en legislación vigente. A pocos días de las urnas, el PSOE vuelve a presentar como compromisos de futuro unas reformas cuyo cumplimiento los ciudadanos todavía no han podido comprobar.