El Gobierno es un polvorín. De hecho, está tomando medidas para evitar que Salvador Illa sea imputado en el caso de las mascarillas falsas durante la campaña electoral en Cataluña. Hace unos días, el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid tomó declaración a los primeros de los cinco cargos y ex altos cargos del Ministerio de Sanidad implicados en este asunto. Estos funcionarios trabajaban como subordinados del ahora candidato del PSC cuando estalló la pandemia.
La Abogacía del Estado ha argumentado un presunto error de plazos por parte del juez para solicitar que se dé por concluida la causa. Estas investigaciones se reabrieron hace 16 meses por orden de la Audiencia Provincial. El objetivo era determinar si el exministro y su antiguo equipo en Sanidad cometieron un presunto delito contra la salud de los trabajadores del sector sanitario al permitir que un lote de dos millones de mascarillas chinas no homologadas se utilizara en hospitales públicos durante varios días en abril de 2020, cuando España enfrentaba una alta mortalidad diaria por covid-19.
Salvador Illa y Zapatero
Tal y como informa THE OBJECTIVE, la Abogacía del Estado, que defiende al Ministerio de Sanidad y a tres altos cargos imputados en el caso, ha solicitado cerrar la causa y anular las declaraciones como imputados de los exsubordinados de Illa. Los servicios jurídicos del Gobierno argumentan en su recurso que no consta en el sumario del caso ningún documento que acredite que el plazo de instrucción hubiese sido prorrogado en tiempo y forma por el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid.
Siguiendo una estrategia similar a la que se utilizó para cerrar la investigación sobre el rescate a Plus Utra hace dos años, la Abogacía del Estado solicita que se dé por concluida cualquier investigación sobre las mascarillas ‘fake’ de Salvador Illa a partir del 30 de agosto de 2022. Además, pide que se anule el auto del pasado 20 de febrero por el cual se citó a declarar a los tres actuales altos cargos de Sanidad que fueron convocados por el juez Carlos Valle la semana pasada.
Según fuentes jurídicas, la declaración prestada por una de las personas imputadas la semana pasada, así como la documentación remitida por distintos organismos de Sanidad y las comunidades autónomas al juzgado durante los últimos meses, respaldan las tesis principales de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el sindicato que impulsó la querella contra Illa y que dio origen a esta causa
