
La nueva concesión de Sánchez al separatismo vasco
El acuerdo llega tras la reunión entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente
El Gobierno de Sánchez pacta con el PNV una nueva cesión que facilita al separatismo vasco la entrada en el capital de Talgo. El acuerdo llega tras la reunión entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente.
El Ejecutivo central desbloquea la operación de compra del 29% de Talgo por parte del consorcio vasco liderado por Sidenor y el Gobierno vasco.
La SEPI aportará 75 millones de euros mediante un préstamo convertible que podrá transformarse en acciones si no se devuelve en cinco años. Este préstamo facilitará la refinanciación de la deuda de Talgo, que supera los 400 millones de euros, y busca dar confianza a la banca.
El consorcio vasco aportará otros 75 millones para completar los 150 millones necesarios para desbloquear la compra y salvar la operación. Pradales celebró que se "ha encauzado" la participación estatal en Talgo para mantener empleo e industria ferroviaria en Euskadi.

La medida se anuncia como parte de una agenda de cooperación entre gobiernos que también trata sobre competencias aún no transferidas.
La operación se encontraba bloqueada desde hace meses tras desacuerdos sobre el apoyo estatal y el impacto de la multa impuesta por Renfe.
Talgo fue sancionada con 116 millones por incumplimientos, y tras negociar tres meses, se acordó un pago fraccionado de la penalización. El fondo Trilantic pactó la venta de su 29% de acciones en Talgo a cambio de cinco euros por acción, entre fijo y variable diferido.
El abono inmediato fue de 155 millones, con otros 31 millones supeditados al cumplimiento del plan de negocio de 2027 y 2028.
El PNV acusó la semana pasada al Gobierno de bloquear la operación, pese a promesas anteriores de apoyo financiero directo a la compra. El préstamo de la SEPI ahora anunciado se considera una fórmula intermedia que deja abierta la puerta a la entrada en el accionariado.

El consorcio vasco está formado por Sidenor, el Gobierno de Euskadi y las fundaciones BBK y Vital, todos actores cercanos al PNV. El respaldo de la SEPI se suma a una estrategia de Sánchez para consolidar alianzas con fuerzas nacionalistas en plena tensión política.
La ayuda financiera pública se justifica como una herramienta para garantizar la viabilidad de Talgo y su proyección industrial. No obstante, el modelo de apoyo evitó el préstamo participativo inicial por temor a que se considerara ayuda de Estado en la UE.
La nueva fórmula permite al Estado condicionar su entrada en Talgo a futuro, si el préstamo no se amortiza en el plazo previsto.
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