La nueva cacería de la Fiscalía contra Ayuso: nueve denuncias por las residencias

La polémica emisión en el segundo canal de RTVE del documental sobre la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid sigue dando que hablar. La Fiscalía autonómica ha anunciado la judicialización de nueve nuevas denuncias. Según ha señalado en un comunicado oficial, el objetivo es investigar si algunas residencias de la región negaron asistencia sanitaria durante pandemia. 

Esto, según ellos, debido a criterios discriminatorios. Una decisión que habría sido tomada por los geriatras responsables en los distintos servicios públicos regionales y hospitales de la zona.

Este asunto ya había sido tratado en noviembre del año pasado. Precisamente cuando la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, mantuvo un encuentro. Estuvieron presentes representantes de Mareas de Residencias y la Asociación Verdad y Justicia.

Durante la reunión, los portavoces de ambas plataformas entregaron una denuncia colectiva en representación de 109 familiares de 115 residentes fallecidos desde marzo de 2020 en centros madrileños.

De estas 109 denuncias, la Fiscalía ha decidido trasladar a los tribunales nueve casos que corresponden a fallecimientos que hasta el momento no habían sido objeto de investigación. En algunos otros casos, se ha remitido la información a los juzgados pertinentes, dado que ya existían procedimientos abiertos sobre hechos similares.

El 6 de noviembre, Lastra firmó un decreto en el que ordenaba el envío de una copia de la denuncia. También de los archivos digitales adjuntos a la Fiscalía Provincial de Madrid y a las Fiscalías de Área, encargadas de pronunciarse sobre lo ocurrido.

En particular, se investiga la posible comisión de un delito continuado contemplado en el artículo 511 del Código Penal, el cual sanciona la denegación de asistencia sanitaria por razones discriminatorias. Las denuncias presentadas a través de esta vía se suman a otras anteriores, que en su mayoría se referían a delitos como omisión del deber de socorro u homicidio imprudente.

Hasta la fecha, más de 60 acciones legales contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso en este ámbito han sido archivadas sin consecuencias judiciales.

Lo cierto es que, tras conocerse esta información, muchos han usado las redes para cargar contra la Fiscalía. Has mostrado su descontento y ya señalan a la desesperación del Gobierno central con la Comunidad de Madrid. En concreto, ven una guerra del Gobierno que ha iniciado una persecución contra Isabel Díaz Ayuso. 

Giro en el caso de García Ortiz tras la contradictoria declaración de Sánchez Acera

Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa está en el punto de mira tras su declaración. Fue señalada por el exlíder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, como la persona que le envió el correo electrónico a la Fiscalía enviado por el abogado del novio de Ayuso. Muchos apuntaron que mintió "rotundamente" durante su declaración como testigo este miércoles ante el juez Ángel Hurtado.

Este juez está al frente de la investigación abierta contra el fiscal general del Estado.

Así lo han indicado fuentes a El Debate, quienes sugieren que Sánchez Acera podría enfrentar una futura imputación. Relacionada con su rol como jefa de gabinete del actual ministro Óscar López, cuando este era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Esto ocurriría si se incorporan nuevos elementos al expediente del caso.

Entre las pruebas que podrían añadir peso a esta posibilidad, se encuentra la tarjeta SIM de un teléfono móvil de Sánchez Acera. El que cambió una vez se supo de la imputación de García Ortiz. Aunque ella asegura haber guardado esta tarjeta, afirma también que eliminó todos los mensajes y WhatsApp.

Un proceso que realizó con la ayuda de un técnico del Ministerio de Transformación Digital, cuando su exjefe asumió la titularidad del mismo.

Este procedimiento ha sido común entre algunos implicados en la filtración de información confidencial relacionada con la pareja de Díaz Ayuso.

La cronología y el relato de los hechos ocurridos entre el 13 y 14 de marzo de 2024, ofrecido por Sánchez Acera, difieren. Al menos, respecto a la información obtenida por los agentes de la UCO de la Guardia Civil. Estos agentes fueron los encargados de analizar el teléfono móvil de Lobato, exsecretario general del PSOE de Madrid, después de su visita al Tribunal Supremo.