La nueva acción contra Begoña Gómez que la acorrala
La acusación popular por Iustitia Europa, centra su queja en la supuesta falta de competencia de la Fiscalía Europea
La polémica en torno al caso de Begoña Gómez, continúa intensificándose a medida que nuevas maniobras judiciales buscan alterar el curso de la investigación.
En las últimas semanas, la asociación Iustitia Europa ha presentado una solicitud formal al juez Juan Carlos Peinado. Para que recupere una parte fundamental de la investigación que había sido cedida a la Fiscalía Europea.
La asociación sostiene que dicha cesión fue inapropiada y que la competencia real de este caso debe permanecer en el ámbito nacional.
La acusación popular, ejercida por Iustitia Europa, centra su queja en la supuesta falta de competencia de la Fiscalía Europea. En lo que se refiere a la investigación de los contratos públicos adjudicados a Carlos Barrabés. El empresario y aliado cercano de Begoña Gómez.
El centro de la controversia gira en torno a cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez. Que facilitaron la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a Barrabés. Estas adjudicaciones incluyen el desarrollo de proyectos que recibieron financiación europea, lo que inicialmente motivó la intervención de la Fiscalía Europea.
Conflicto de competencias: La postura de Iustitia Europa
Iustitia Europa alega que la Fiscalía Europea no tiene la competencia para investigar los presuntos delitos.
Según la asociación, la investigación debería concentrarse en las implicaciones legales nacionales. Particularmente en lo referente al correcto uso de las administraciones públicas implicadas. Como RED.ES, la Universidad Complutense de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid.
La solicitud de Iustitia Europa al juez Peinado incluye una petición para que plantee un conflicto positivo de competencias. Elevando el caso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Que deberá determinar si la Fiscalía Europea está facultada para continuar con la investigación o si debe retornar al ámbito nacional.
El abogado Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, argumenta que la financiación europea implicada no es suficiente. Esto para justificar la intervención de la Fiscalía Europea.
Además, recalca que los delitos investigados, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, no están contemplados en las competencias de la Fiscalía Europea según las normativas actuales.
El precedente del caso Koldo y su relevancia
Iustitia Europa basa gran parte de su argumentación en el precedente establecido por el Tribunal Supremo en el caso Koldo-PSOE. Un escándalo de corrupción que también involucraba la utilización indebida de fondos públicos y la intervención de la Fiscalía Europea.
En ese caso, el Supremo determinó que no era la magnitud de los fondos europeos afectados lo que debía prevalecer. Si no la naturaleza de los delitos cometidos y los bienes jurídicos comprometidos, en este caso, el correcto funcionamiento de la administración pública.
El caso Begoña Gómez comparte similitudes con el caso Koldo, ya que ambos implican una supuesta trama de corrupción que habría afectado a diversas instituciones públicas en España. La esposa del presidente Sánchez, junto al rector de la Universidad Complutense de Madrid y el CEO del Grupo Barrabés. Se encuentra bajo investigación por su presunta implicación en un esquema de tráfico de influencias que habría alterado el proceso de adjudicación de contratos públicos.
Implicaciones políticas y judiciales
La intervención de Iustitia Europa pone de relieve el contexto político en el que se desarrolla el caso Begoña Gómez. La presencia de figuras de alto perfil, como la esposa del presidente del Gobierno. Ha generado una intensa atención mediática y ha dado lugar a una serie de especulaciones sobre la imparcialidad del proceso judicial.
La acusación popular no solo cuestiona la competencia de la Fiscalía Europea, sino también la integridad de las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora. En su escrito, Iustitia Europa sostiene que la actuación de la Fiscalía Europea ha frenado el avance de la investigación. Además, que la investigación en torno a las cartas de recomendación y los contratos adjudicados debería continuar bajo la supervisión del juzgado de instrucción.
Por su parte, la defensa de Begoña Gómez ha minimizado las acusaciones, señalando que no existe ninguna prueba concreta que demuestre un acto ilícito por parte de la esposa del presidente. Sin embargo, el avance de la investigación dependerá en gran medida de cómo se resuelva este conflicto de competencias entre el juez Peinado y la Fiscalía Europea.
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