
Ninguna agencia informó a la Generalitat del desbordamiento del Barranco del Poyo
AEMET, CHJ, Delegación del Gobierno y 112 evitaron alertar sobre el riesgo en el Cecopi, pese a que tenían los datos
La falta de comunicación entre los organismos responsables de la gestión de emergencias ha vuelto a quedar en evidencia. En la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) del pasado 12 de marzo, ninguna de las 29 entidades presentes advirtió del desbordamiento del Barranco del Poyo, a pesar de que los datos disponibles lo indicaban con claridad.
Entre los asistentes se encontraban la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Delegación del Gobierno y el 112, pero ninguno de ellos mencionó ni una sola vez la crecida del barranco. En su lugar, la alerta ES-Alert se activó por la presa de Forata, un punto que no presentaba el mismo riesgo.
Silencio ante el peligro
La AEMET sí intervino en la reunión, pero para hablar de otros fenómenos meteorológicos, sin referirse en ningún momento al Barranco del Poyo. La Delegación del Gobierno, que tenía la competencia de cortar carreteras en caso de riesgo, tampoco tomó ninguna medida ni informó al Cecopi sobre la situación.
Por su parte, la CHJ, organismo responsable de la vigilancia de ríos y barrancos, omitió cualquier aviso sobre el desbordamiento, a pesar de que los datos de su propia red de control reflejaban el peligro inminente. El 112, que recibió múltiples llamadas de ciudadanos alertando del desastre, tampoco transmitió esa información a los asistentes al Cecopi, según confirmó el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
La Generalitat, sin información clave
La jueza que investiga lo ocurrido ha destacado que las agencias disponían de información suficiente para advertir del desbordamiento, pero ninguna trasladó la alerta a la Generalitat. ¿Por qué guardaron silencio ante un riesgo evidente? ¿Cómo es posible que la AEMET, la CHJ, la Delegación del Gobierno y el 112 supieran lo que estaba ocurriendo y no informaran al órgano de coordinación?
El caso deja en entredicho el funcionamiento de los protocolos de emergencia y la capacidad de respuesta de las administraciones ante catástrofes.
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