"Habría una responsabilidad". Con esas palabras, Ángel Víctor Torres ha abierto este miércoles un escenario que golpea de lleno la posición mantenida por el Ejecutivo respecto a Marruecos tras los acontecimientos de Ceuta. El ministro admite que Rabat tendría que responder si finalmente se acredita la tesis que ha trascendido sobre la investigación policial.
La afirmación cobra especial relevancia después de semanas en las que desde el Gobierno se ha rechazado disponer de elementos que permitieran responsabilizar al país vecino. Ahora, la aparición de documentación policial que ofrecería una versión muy diferente obliga al Ejecutivo a dejar abierta esa posibilidad.
El ministro admite que Rabat tendría que responder si finalmente se acredita la tesis
El origen del terremoto está en el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). Según adelantó El Español, un informe atribuido a esta unidad relacionaría a agentes marroquíes con la organización de la llegada de más de 70.000 migrantes a Ceuta durante las jornadas del 30 y 31 de julio.
La información no solo coloca el foco sobre Rabat. También ha generado interrogantes dentro del propio Ministerio del Interior, ya que Fernando Grande-Marlaska asegura haber conocido la existencia del documento a través de los medios de comunicación.
Fernando Grande-Marlaska asegura haber conocido la existencia del documento a través de los medios de comunicación
De ahí que el ministro haya reclamado aclaraciones al director general de la Policía, Francisco Pardo. Interior pretende reconstruir qué ocurrió con esa documentación y conocer exactamente el alcance de unas conclusiones que, de confirmarse, tendrían consecuencias políticas y diplomáticas.
Mientras se despejan esas incógnitas, Torres intenta contener el impacto. Durante su intervención en RNE ha insistido en que el Ejecutivo todavía desconoce aspectos esenciales del documento, entre ellos quién encargó su elaboración y en qué circunstancias se realizó.
Esa falta de información es el argumento utilizado por Moncloa para aplazar cualquier reclamación a Marruecos. El Gobierno no anticipa todavía qué medidas adoptaría ni si pediría formalmente explicaciones a Rabat, al considerar prematuro hacerlo sin haber examinado antes el informe.
