El Gobierno prepara el traslado a la Península de alrededor de 500 menores migrantes que continúan bajo protección de Ceuta tras la reciente crisis fronteriza registrada en la ciudad autónoma.
La ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, confirmó este miércoles que las administraciones trabajan para poner en marcha el dispositivo y aliviar la presión sobre los recursos de acogida ceutíes. Durante una entrevista en RNE, Saiz señaló que cualquier actuación deberá ajustarse a la legislación vigente y garantizar en todo momento la protección de los menores afectados.
La ministra también recordó que las comunidades autónomas tienen competencias en materia de protección infantil y deberán participar en la planificación del reparto previsto por el Ejecutivo. El anuncio llega en medio de un escenario de creciente tensión política. Varias comunidades gobernadas por el Partido Popular ya han mostrado sus reservas ante la posibilidad de recibir a estos menores procedentes de Ceuta.
Vox, por su parte, ha expresado públicamente su rechazo al reparto planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez y cuestiona que las autonomías tengan que asumir las consecuencias de la crisis migratoria. Mientras continúan las críticas, el Ejecutivo avanza en la coordinación con las autoridades de Ceuta para concretar las condiciones del primer traslado y determinar los recursos que serán necesarios.
Vox, por su parte, ha expresado públicamente su rechazo al reparto planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez
El dispositivo contempla inicialmente a unos 500 menores, entre ellos un número importante de niñas. Sin embargo, todavía quedan por definir aspectos fundamentales sobre su distribución y atención. Saiz explicó que el Ministerio de Inclusión y la Ciudad Autónoma mantienen conversaciones para organizar la operación. El objetivo declarado por el Gobierno es reducir la presión existente sobre los centros de acogida. “Es un trabajo que se está haciendo”, afirmó la ministra, que insistió en que las actuaciones deberán respetar tanto las normas españolas como las obligaciones derivadas de la legislación europea.
Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en distintas alternativas para gestionar la llegada de estos menores a otros puntos de España y evitar que toda la presión recaiga sobre Ceuta.
Entre las opciones que se manejan figura el acogimiento familiar, además de la colaboración con entidades especializadas en protección de menores. Esta vía permitiría recurrir a organizaciones con experiencia en atención infantil para determinados casos, aunque todavía no se ha concretado qué entidades podrían participar en el dispositivo.
El Gobierno defiende que cualquier decisión deberá priorizar el interés superior de los menores y garantizar unas condiciones adecuadas de protección y atención.
La ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz
La situación ha obligado a reforzar la coordinación entre el Ejecutivo central, Ceuta, las comunidades autónomas y las organizaciones especializadas, mientras continúa el debate político sobre el reparto. La operación permanece en fase de planificación y todavía debe concretarse cómo se distribuirán los menores entre los distintos territorios.
El traslado de estos 500 menores se perfila así como una de las primeras respuestas del Gobierno para descongestionar los recursos de acogida de Ceuta después de la crisis migratoria.
