Uno de los aspectos más cuestionados de este caso es la falta de claridad sobre las funciones del hermano de Sánchez
La investigación en torno al empleo del hermano de Sánchez, ha arrojado nuevos indicios. Que incrementan las sospechas sobre posibles irregularidades en su contratación.
La juez Beatriz Biedma, quien lidera la causa, ha destacado que la información recabada hasta ahora. Ella "reafirma los indicios de la comisión de los delitos investigados". Este caso, que ha llamado la atención por la falta de claridad sobre las funciones de Azagra, ha generado controversia y un interés mediático considerable.
La causa abierta para investigar el contrato de David Azagra se centra en determinar si hubo un concierto previo en la Diputación de Badajoz. Para crear una plaza de coordinador de actividades conservatorias específicamente para él en 2017.
Esta investigación fue impulsada por una denuncia de Manos Limpias, apoyada también por Vox, que actuaron como acusación popular. La juez Biedma ha autorizado diversas diligencias, incluyendo el registro de la Diputación de Badajoz por parte de la UCO.
En un reciente auto, la juez permitió a la UCO requisar los correos electrónicos del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, de David Azagra y de otros siete empleados. Entre ellos, tres diputados de la formación socialista. Esta decisión se basó en la necesidad de esclarecer las sospechas sobre el verdadero trabajo del hermano del presidente del Gobierno.
Uno de los aspectos más cuestionados de este caso es la falta de claridad sobre las funciones de David Azagra. A pesar de la documentación aportada por la Diputación de Badajoz, no se ha especificado con detalle en qué actividades ha intervenido Azagra. Lo que ha llevado a la juez a calificar la información como insuficiente.
Según la juez Biedma, "llama la atención" que Azagra careciera de un despacho propio durante un año. Que de pronto se le asignara una nueva ubicación justo cuando se presentó la denuncia de Manos Limpias.
La investigación también ha revelado que la Diputación de Badajoz modificó la relación de puestos de trabajo en octubre de 2017. Para crear la plaza que Azagra ocupa.
Sin embargo, la documentación inicial no ha sido suficiente para disipar las dudas sobre la legalidad de este proceso. Además, la Diputación ha abonado un total de 280.845 euros a Azagra desde que se hizo efectivo el contrato en 2017 hasta la fecha.
La juez Biedma ha considerado necesario realizar diligencias adicionales para esclarecer si hubo irregularidades. Una de ellas en la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de actividades conservatorias.
Entre las acciones autorizadas, destaca la intervención de correos electrónicos de varios empleados de la Diputación. Incluyendo al presidente Miguel Ángel Gallardo y al propio Azagra. Los investigadores sospechan que estos correos podrían contener comunicaciones que evidencien una planificación previa para la creación y adjudicación del puesto.
La UCO también ha solicitado información sobre la comisión de investigación que tuvo lugar en junio para analizar las actividades de Azagra. Además, la juez ha requerido a la Diputación detalles sobre el sistema de control horario de entrada y salida.
Además de la localización física del despacho de Azagra y si este tenía permiso para teletrabajar. La investigación ha revelado que Azagra vive en la localidad portuguesa de Elvas, lo que plantea dudas sobre su presencia física en Badajoz para cumplir con sus funciones.
